Respaldada por unanimidad, con 182 votos, la propuesta de normativa pretende frenar el fenómeno que, de acuerdo con el secretario de Estado de Interior para Aseguramiento Técnico, Carlos Albino, tiene una tendencia creciente en la sociedad y ocasiona enormes pérdidas al Estado por concepto de reparaciones.

Legisladores de los diferentes grupos parlamentarios reafirmaron la necesidad de un cuerpo legal que endurezca las penas contra estos delitos, en el afán de disuadir a las personas de incurrir en ellos.

Sobre el particular, la diputada del Movimiento para la Liberación de Angola (MPLA) Teresa da Silva Neto subrayó que se trata de ciudadanos que ponen en riesgo su vida y la de los demás, además de los servicios públicos que contribuyen a resolver los problemas de la comunidad.

El proyecto de ley, que debe ir a una discusión especializada antes de la votación final, establece un marco jurídico específico para la lucha contra el vandalismo de bienes y servicios públicos, definiendo mecanismos rápidos y eficaces para la identificación de los autores.

Entre otros asuntos prevé el endurecimiento de las penas para delitos como la destrucción de bienes públicos, los daños a estos, la puesta en peligro de su seguridad, el robo y la receptación; cuyas sanciones pueden incluso alcanzar entre los 15 y 25 años de prisión.

Otro aspecto que destaca en la legislación es que no solo al autor del delito puede ser encausado, sino también quienes instiguen, financien o patrocinen tales actos, así como aquellos que indirectamente fomenten su práctica o compren bienes que sean resultado de estas acciones.

La propuesta, cuya iniciativa corresponde al Ejecutivo, responde a la necesidad de crear un marco penal adecuado contra este tipo de acciones, en un contexto donde existe una creciente manifestación de este fenómeno que causa daños sociales, económicos y financieros inestimables.

Durante la sesión de este miércoles, el Parlamento aprobó igualmente por unanimidad un proyecto de resolución para la adhesión de Angola al Protocolo sobre el establecimiento de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

De igual forma, dieron luz verde a la Ley de Alteración de Pasaportes y del Régimen de Entrada y Salida de Ciudadanos Nacionales, que amplía el acceso a los pasaportes diplomáticos a los fiscales generales, magistrados consejeros de los tribunales superiores y fiscales generales adjuntos ya jubilados.

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