Mediante las redes sociales, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial del país detalló los puntos con manifestantes, mientras explicó que los de la ruta Cruce las Victorias, departamento de Quetzaltenango, ya abandonaron.

Un grupo, según varios reportes de la prensa local, se apostó temprano frente a la Embajada de Estados Unidos, en la zona 16 de esta urbe, como parte de las acciones de presión.

En el Congreso (unicameral) del país, el diputado Elmer Josué Palencia, jefe del bloque del partido Valor, reiteró a representantes de los veteranos militares que esa instancia cumplió con la aprobación de la Ley.

El presidente de la nación, Bernardo Arévalo, abordó la situación tras una visita a la cárcel El Infiernito, del departamento de Escuintla, y aseguró que el monto lo tomaron en cuenta, sin embargo, es tarea del Legislativo aprobarlo.

«El dinero lo tenemos en la caja, pero como el gobierno anterior no dejó el mecanismo, no podemos pagar, a menos que el Congreso de la República, en la ampliación presupuestaria, nos permita hacerlo», expresó.

El mandatario refirió diálogos con líderes de la protesta para «tratar de convencerlos» de que liberen las rutas que mantienen cerradas en los 22 departamentos de este territorio centroamericano.

Tras el anuncio de la manifestación hace dos días, la Cámara de Comercio presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), por lo cual anoche el alto tribunal ordenó a las autoridades evitar los bloqueos.

La Cámara del Agro los llamó ilegales y advirtió que “no solo afectan el derecho a la libre locomoción”, sino también ponen en riesgo el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, perjudicando a las familias más vulnerables, señaló.

Con la Ley de Desarrollo Integral, aprobada el 24 de octubre de 2022, los exmilitares obtienen un beneficio económico (mil quetzales mensuales que representan casi 130 dólares) a cambio de su inserción en un programa de reforestación.

La norma estableció la creación de una modalidad para apoyar al Personal de Tropa que prestó servicio militar durante el Conflicto Armado Interno (1960-1996).

En protestas efectuadas en 2021, este mismo grupo quemó algunas oficinas del Parlamento tras irrumpir por la fuerza, mientras luego, en la Plaza de la Constitución de esta capital, sobresalió por una pelea a golpes entre participantes.

Algunas asociaciones de exmilitares continuaron inconformes a raíz de la emisión de la Ley y pidieron un desembolso de 120 mil quetzales (15 mil 780 dólares), que sumaría a huérfanos y viudas, algo que hasta la fecha sigue sin prosperar.

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