Mediante un comunicado, la plataforma señaló la coordinación y complicidad existente en busca de generar zozobra con terratenientes y finqueros de la zona, quienes irrespetan las propiedades ancestrales.
A pesar de la llegada de un nuevo Gobierno, que auguraba una nueva primavera, durante el 2024 se intensificó la cantidad de desalojos de familias indígenas y campesinas, advirtió.
A esos hechos, se suman la intimidación y expulsiones extrajudiciales de familias Q’eqchi’s de las comunidades de Plan Grande, Comunidad Agraria El Esfuerzo Túnico, Santa Rosita y Ebenezer del propio El Estor.
Ante tales hechos, la Convergencia reiteró que los pueblos originarios habitaron desde milenios el territorio que llaman Guatemala, luego fueron despojados y con la creación de la Constitución lo registraron a nombre de los usurpadores.
Los pueblos originarios tienen derecho a la propiedad ancestral de la tierra y su exigencia no debe ser criminalizada, apuntó, mientras se solidarizó con las familias indígenas y campesinas que sufrieron este fenómeno.
Mencionó la quema de los cultivos y de las viviendas de esas familias, prácticas utilizadas durante el conflicto armado interno que afecta significativamente en la salud física, emocional, psicosocial y provoca un estado de inanición que atentan contra su humanidad.
Exigió al Estado de Guatemala cumplir con los convenios, tratados internacionales y con los protocolos de actuación que garanticen el respeto de los derechos humanos en las acciones de desalojos.
Entre ellos, consideró en el texto, a habilitar albergues temporales, seguridad alimentaria, salud y educación a las familias expulsadas.
Urgió al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo para que impulse acciones prontas y eficaces que contribuyan a atender la conflictividad agraria relativa a la tierra.
También a que se movilice de forma inmediata para brindar ayuda humanitaria a las familias, desde que tenga conocimiento de las órdenes judiciales de desalojo.
La plataforma llamó a las organizaciones y diversas comunidades a apoyar a estas familias, quienes actualmente viven una crisis humanitaria que se agravará por la crisis climática.
El Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones históricas de campesinos defensores de las comunidades rurales en Guatemala, denunció en par de ocasiones anteriores los desalojos impulsados desde el segundo trimestre del año.
Datos recopilados por distintas organizaciones indicaron más de 10 implementados contra familias campesinas durante 2024, otros anunciados y sin que se vislumbre una salida.
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