“(La sentencia) es algo muy importante, siempre digo que la justicia crea más justicia, la impunidad crea más impunidad”, aseguró el jurista en declaraciones a la prensa.
Recordó que el 26 de junio último ocurrió en Bolivia el más reciente intento fallido de golpe de Estado encabezado por el exjefe del Ejército Juan José Zúñiga, y subrayó que ese acontecimiento muestra por qué es importante enjuiciar y sancionar a este tipo de violadores de los derechos humanos.
Este 4 de julio, el Juzgado de Sentencia Penal Número 12 de Cochabamba determinó que los cabecillas de la irregular RJC sean enviados a prisión por la violencia que desencadenaron durante el golpe de Estado que desembocó en la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.
Yassir Steven Molina, cabecilla principal, fue sancionado a ocho años de prisión; los hermanos Mario Antonio y Favio Alejandro Bascopé recibieron una condena de seis años y seis meses, mientras que Milena Soto y Jaime Maldonado purgarán pena de dos años de cárcel.
La decisión que fue aplaudida por defensores de los derechos humanos, entre ellos el abogado norteamericano.
“Esta sentencia es “un paso muy importante en desarticular estos grupos, es una forma de justicia a las víctimas de 2019”, enfatizó el jurista.
Durante el golpe de Estado ejecutado en Bolivia por sectores afines a la política neoliberal entre octubre y noviembre de 2019, los integrantes de la RJC circulaban en motocicletas con bazucas artesanales, explosivos y palos envueltos con alambre de púas entre otros objetos contundentes.
Con ese arsenal agredían a cualquier persona de origen indígena o vinculada al Movimiento al Socialismo en las calles de la ciudad de Cochabamba o que pretendían protestar pacíficamente en defensa de la Constitución.
Esta es la segunda sentencia emitida contra los cabecillas de la RJC Molina y los hermanos Bascopé.
A seis años de prisión fueron condenados en abril de 2023 por los delitos de tenencia ilícita de armas, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado, cometidos en octubre de 2020 cuando, de manera violenta, asediaron la Fiscalía General en Sucre, Chuquisaca.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes calificó de paraestatales a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista, estructuras que atacaron violentamente durante el golpe de Estado de 2019 a personas de origen indígena y a los partidarios del MAS.
Por tal motivo recomendó su desarticulación, proceso que no se concretó todavía.
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