Más temprano este martes, la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros Intra e Interprovincial (Fenacotip) comunicó que la próxima semana realizarán un paro en rechazo a la inseguridad en las vías y al alza de los precios de las gasolinas.

En su cuenta de la red social X, Torres sostuvo que los diálogos con ese gremio continúan y aseguró que alcanzaron acuerdos en materia de seguridad.

Una sola organización decidió un «apagado de motores» por 48 horas, lo cual no significa paralización ni cierres viales, indicó el funcionario.

En su opinión, el anuncio del paro para los días 16 y 17 de julio fue sorpresivo, ya que ese colectivo estuvo presente en las mesas de diálogos anteriores y conocía que hoy se instalaría la mesa más solicitada por ellos mismos, la de seguridad. En una rueda de prensa ofrecida este martes, los miembros de la Fenacotip lamentaron que las mesas de trabajo instaladas con el Ejecutivo no eran efectivas.

Estamos hartos de la inseguridad y de ser víctimas de la depresión económica tras la eliminación de los subsidios del combustible, denunció Abel Gómez, uno de los dirigentes de esa organización.

Tras la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís el pasado 28 de junio, el Ejecutivo implementó una mesa de diálogos con los transportistas para analizar las compensaciones a ese sector.

Sin embargo, en ese beneficio incluyeron a los propietarios de vehículos livianos fundamentalmente, como los taxistas.

A su vez, el presidente de la Cámara Ecuatoriana de Transportes Pesados (Cetrape), Álex Ayala, denunció que en lo que va de este año, 240 transportistas fueron víctimas de secuestro, robo, y asesinato, mientras otros continúan desaparecidos.

Ayala reiteró que después de la declaratoria de conflicto armado interno, si bien la presencia militar se incrementó, se enfocó en las ciudades, pero “dejó en abandono total las vías del Ecuador, los transportistas vulnerables con cargas que pasan los 200 mil dólares”.

En Ecuador está vigente la declaratoria de conflicto armado interno, una disposición con la cual el presidente Daniel Noboa acompañó en enero pasado otra medida de estado de excepción a nivel nacional para frenar la inseguridad y el crimen organizado.

A pesar de la presencia militar y de que según las autoridades disminuyeron los delitos, persisten las denuncias de muertes violentas, secuestros y extorsiones.

rgh​​/avr