El mandatario solicitó alistarse para ese día a cada Comité de Reforma Agraria Municipal, Coordinadora Regional y organización campesina por la democracia y por la justicia rural.
Si bien la Reforma Agraria, el punto uno del Acuerdo de Paz firmado en 2016, es uno de los ejes que desde la llegada al poder de Petro se concibió como prioritario, el propio gobernante denuncia con regularidad los obstáculos que ese proceso enfrenta.
Justamente ante la dilación en la entrega de tierra a quienes la trabajan, la Agenda Nacional Campesina (ANC) emitió un comunicado mediante el cual informó a la opinión pública que se declaraba en paro desde el pasado día 8 de julio.
Según alegó, la movilización tiene por propósito pedir a las instituciones que honren los acuerdos hasta ahora incumplidos de transformar el campo y atender a la población rural.
En esa línea, exigió a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional respaldar la reforma agraria integral y la necesidad de apoyar la reglamentación de la jurisdicción agraria.
Reclamó además al Congreso que agende de manera prioritaria el debate en relación a la aprobación de la Ley Reglamentaria de la Jurisdicción Agraria.
“Es necesario que el Gobierno avance en la democratización del acceso a la tierra, la promoción de la economía campesina, y la materialización de los derechos del campesinado”, demandó la ANC.
Respaldan ese pronunciamiento varias organizaciones, entre ellas Baluarte Nacional Campesino, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, la Asociación de Mujeres Campesinas del Norte del Valle, y otras.
El campesinado inició la protesta pacífica el pasado lunes en sedes de Bogotá como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio de Minas y Energía.
Si bien el poder ejecutivo reitera una y otra vez su voluntad de llevar adelante las acciones de la Reforma Agraria, también admite que existen escollos para su pleno desarrollo.
Hace pocos días el propio presidente reconoció que, pese a que el en acuerdo suscrito entre el Estado y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo se consignó entregarle al campesinado tres millones de hectáreas, lamentó que esa cantidad hoy solo sea de poco más de 200 mil hectáreas.
Afirmó además que una de las cuestiones que impide el normal funcionamiento de ese proceso es que la extrema derecha del país habla con magistrados para que hundan los artículos que permiten al Gobierno comprar tierras a los latifundistas de manera rápida y dársela a los campesinos.
Enfatizó luego que este punto del Acuerdo de Paz se incumple porque no se cambiaron las normas para su concreción y afirmó que con las existentes tampoco se ha podido hacer una.
“El Acuerdo dijo que tres millones de hectáreas, vamos en 200 mil. ¿Y por qué no puede el Gobierno hacer más? Porque toca comprar voluntariamente a quien la ofrezca y no han ofrecido sino eso. Podríamos aumentar a más a 400 mil, pero llegar a tres millones con las normas vigentes es un imposible. Y las normas las hace el Congreso”, resumió.
Justamente durante la víspera, se divulgó aquí un informe del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres que, tras un examen de los avances del Acuerdo, estimó necesario acelerar los esfuerzos de adjudicación de tierras con activos productivos.
“Para avanzar en la implementación de la reforma rural integral son necesarios esfuerzos concertados del Gobierno y el resto de las instituciones estatales”, concluyó el dictamen.
Según suele reiterar Petro, el gabinete está comprometido con la tarea porque la entrega de tierras a los campesinos es una forma de evitar en los campos la violencia, cuyos efectos causó estragos durante décadas y provocó centenares de miles de muertos.
Sin embargo, a su juicio, otros cambios de tipo estructural deben acontecer para que esa intención pueda concretarse.
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