“El presidente de la ALP (…), en el marco de sus atribuciones, convoca a un diálogo a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, así como a los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas del Legislativo, y a los presidentes de las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia (…)”, expresa el boletín de la Vicepresidencia del Estado.
La cita está programada para el 15 del mes en curso a las 14:00 hora de Bolivia, y tiene el objetivo de “viabilizar y garantizar la conclusión del proceso y la posterior remisión de listas al Órgano Electoral Plurinacional”.
Según la fuente, este llamado se realiza en concordancia con la Constitución Política del Estado y en línea con la Declaración suscrita el 10 de julio de 2024 a instancias del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras una reunión con representantes de todos los partidos políticos y del Pacto de Unidad que apoya al Gobierno.
En ese foro convocado por el Órgano Electoral Plurinacional se aprobó una declaración, la cual expresa que “es una prioridad la realización de las Elecciones (…) con la finalidad de renovar a las autoridades judiciales en el marco constitucional y legal vigente en el país”.
La convocatoria de Choquehuanca se dio a conocer después que el miércoles último la Sala Constitucional Primera del Beni, dentro de la acción de amparo Constitucional “NUREJ: 8085194”, emitió una nueva medida cautelar y suspendió el inicio de los exámenes orales a los más de 400 postulantes a las elecciones judiciales.
El presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la ALP, Miguel Rejas, denunció que esa sala constitucional ordenó congelar las cuentas bancarias de los diputados y senadores e imponerles una multa de cinco mil bolivianos (714 dólares) por día si no cumplen la medida cautelar.
Ante esta acción coactiva, los legisladores determinaron suspender la preselección sin fijar la fecha del inicio de los exámenes orales.
Rejas lamentó que no existan garantías para los legisladores para llevar adelante el proceso de preselección, y anunció que ese será su reclamo en la reunión del lunes.
Este jueves, la diputada Estefanía Morales informó en el canal estatal Bolivia Tv que presentará una denuncia ante para que investiguen por prevaricato a quien emitió esta última medida cautelar, la número 35 que, junto con las anteriores han obstaculizado y retardado el proceso.
Legisladores de diversas tendencias políticas, por su parte, opinaron en el canal Abya Yala que detrás de las acciones judiciales para entorpecer el proceso de preselección está la influencia negativa del ministro de Justicia, Iván Lima.
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