El referido artículo fue incluido por el partido Cabildo Abierto, integrante de la coalición gubernamental, y tenía objeciones respecto al derecho a la libertad de prensa y expresión.

La legislación a la que dio luz verde primero el Senado y hoy la Cámara de Diputados obliga a los medios a brindar información política “imparcial”, “seria” y “equilibrada”.

Ello fue interpretado como una mordaza por el gremio periodístico nacional, entre otros referentes sociales y políticos, y consiguió el veto presidencial.

Queda en firme en la normativa la eliminación de los términos “monopolio” y “oligopolio”. Tampoco se ejerce al universo de los medios digitales.

Desaparece en su articulado la definición del espectro radioeléctrico como “patrimonio común de la humanidad”.

A la par aumenta el número de licencias para que un mismo operador controle canales televisivos y radiales, los cuales quedan autorizados a comercializar servicios de Internet.

Resulta tema de rechazo del sindicato de los trabajadores de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, que defiende las prerrogativas de la empresa pública.

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