No es de ahora, la historia del llamado Pulgarcito de las Américas está plagada de conflictos, dictaduras militares, gobiernos fallidos y represivos, que llenaron al país de luto y de familias desesperadas.

Ubicado en el parque Cuscatlán en esta capital, está un muro de granito negro de 85 metros de largo, testigo mudo pero reclamante, que contiene a modo de homenaje los nombres de al menos 25 mil 626 víctimas asesinadas o desaparecidas durante la guerra civil salvadoreña (1980-1991), aunque se sospecha que la cifra real ronde las 75 mil.

Con un altar lleno de fotografías, nombres y otros símbolos que recuerdan sus historias y vidas, familiares de personas desaparecidas rindieron esta semana un tributo a su memoria y reiteraron el compromiso de seguir la búsqueda incansable de verdad y justicia, reseñó el diario Colatino durante una jornada de reclamo en esta capital.

El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas (BBPD) y el Comité de Familiares de Desaparecidos (COFADES), con el apoyo del Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador, solicitaron al Estado colocar el tema de la desaparición de personas en su agenda política, así como asignar los recursos para que sean atendidas las demandas de las víctimas.

Los peticionarios demandan abordar el “dramático problema” y reclaman justicia, algo que se postergó durante años por gobiernos de turno.

Los activistas y familiares consideraron necesario que el Estado, en particular las instituciones de justicia se comprometan a la búsqueda eficiente y localización de las personas desaparecidas, investigar y sancionar a los responsables, y que se reparen los daños causados por este crimen.

Para Sandra Chafoya, integrante del BBPD, muchas de las desapariciones ocurridas en el pasado, como las que siguen ocurriendo en el presente, permanecen en la impunidad, mientras miles de familiares mantienen una lucha constante, sin que los gobiernos asuman responsablemente las obligaciones constitucionales que les corresponden.

La activista señaló que las personas buscadoras, en su mayoría mujeres, viven con constante dolor, zozobra e incertidumbre, padeciendo consecuencias económicas, físicas y psicológicas, enfrentando constantemente amenazas, extorsiones, desplazamientos y migraciones.

Además, no cuentan con programas de apoyo integral o políticas públicas que alivien estas situaciones, y aun así, desarrollan sus propias estrategias de búsqueda, entre la desidia estatal, violencia de género, culpabilización, estigmatización y revictimización, según denuncias.

La recordación fue puesta en el tapete por los grupos al demandar al Estado que asuma la responsabilidad de búsqueda, y denunciaron la falta de justicia en los casos donde son sus familiares los desaparecidos.

«Nunca hemos recibido apoyo. No hay políticas que nos protejan o ayuden, y no hemos tenido ningún acercamiento», dijo Sandra Chafoya, madre de Joshua Chafoya, quien desapareció en 2021, citada por el diario El Mundo.

Las organizaciones concluyeron su declaración reafirmando su compromiso de seguir buscando a sus seres queridos: «No descansaremos hasta encontrarlos».

No es un clamor contra el gobierno, es un pedido para esclarecer casos de la guerra, de las acciones de las pandillas y, más recientes, casos de desapariciones atribuidos a, presuntamente, malos manejos en la aplicación del régimen de excepción vigente en el país desde 2022.

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