A través del Boletín Oficial, el mandatario manifestó su oposición a la totalidad de la norma con la justificación de que “no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

La ley plantea una actualización mensual de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) e incluye una compensación extra del 8,1 por ciento para enero con el objetivo de que las personas puedan equiparar sus ingresos con el 20,6 por ciento de inflación de ese mes, en el que el Ejecutivo otorgó solo un 12,5 de aumento.

Asimismo, dispone que la jubilación mínima no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor y que la fórmula no puede quedar atada solo al IPC, sino que tiene que contemplar los salarios.

Tras ser vetada por el jefe de Estado, la normativa debe volver al Congreso, donde ambas Cámaras deberán reunir una mayoría calificada de dos tercios para poder rechazar la decisión del presidente.

Si se logra, el proyecto se aprueba y el Ejecutivo está obligado a promulgar la ley.

Bloques como Unión por la Patria aseguraron que harán lo posible en las dos instancias para que sea ratificado nuevamente.

El miércoles pasado, la Policía arremetió con gases lacrimógenos y bastones contra jubilados y pensionados que denunciaron frente al Congreso las medidas implementadas por Milei contra ellos.

mem/gas