El proyecto de ley BELA, se explica en un comunicado presidencial, modifica secciones de la Ley de escuelas sudafricanas de 1996 (SASA) y la Ley de empleo de educadores de 1998 (EEA) para tener en cuenta los avances en el panorama educativo desde la promulgación de la legislación original.

Las enmiendas son una respuesta a las sentencias judiciales que protegen y dan efecto a la Carta de Derechos, se agrega en el texto.

El proyecto de ley pretende convertir el grado R en la nueva edad de inicio de la escolaridad obligatoria, establecer sanciones para los padres y tutores que no garanticen la asistencia de sus hijos a la escuela y confirmar que los castigos corporales ya no están permitidos en los colegios, entre otras disposiciones.

Sin embargo, la firma del proyecto de ley ha despertado rechazo entre algunos partidos, principalmente la Alianza Democrática, ahora parte del gobierno de unidad nacional.

Al decir del líder de ese partido, John Steenhuisen, ese instrumento legal tiene implicaciones constitucionales para el derecho a la educación en la lengua materna, entre otras cuestiones.

En consecuencia, la Alianza Democrática instó al Presidente a que devuelva el proyecto de ley al Parlamento para que se le hagan “unas pocas modificaciones sencillas para que se ajuste a la Constitución”.

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