El artículo precisa que de aprobarse los cambios en la legislación europea, las fuerzas policiales de la UE estarían facultadas para perseguir y detener a los inmigrantes que no se ofrezcan voluntariamente y a deportarlos, ya sea a sus países de origen o a aquellos por donde ingresaron.

La no cooperación debe tener consecuencias y ser sancionada. Se necesita una nueva base jurídica en forma de un marco jurídico de última generación que responda a los desafíos y avances reales, indica un documento no oficial citado por el medio.

Tras las elecciones europeas, en las que la extrema derecha salió fortalecida, los diplomáticos creen que el Parlamento tiene una mayoría a favor de una legislación anti inmigrante, asegura el artículo.

Adicionalmente, señala que los gobiernos europeos están trabajando en una política conocida como centros de retorno, que consiste en la construcción de albergues en países vecinos que reciban a los migrantes.

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