Ese reporte, publicado en el sitio oficial de esa organización ambientalista, señala que en esa década se registraron 64 afectaciones agrícolas severas debido a fuertes granizadas, 31 por sequía prolongada, 24 por ráfagas de viento y tornados, 15 inundaciones por lluvias intensas, así como 10 por crecidas de ríos.
Tan solo en los últimos dos años ocurrieron en este país 79 eventos de ese tipo, con daños para la agricultura, más de la mitad del total registrado en estos últimos 10 años, lo que evidencia un agravamiento de la crisis climática, precisa el estudio.
Las regiones más golpeadas fueron las de Piamonte, Emilia-Romaña, Apulia, Sicilia, Véneto y Cerdeña, mientras las producciones más dañadas por esos fenómenos fueron las de frutas, hortalizas, maíz y remolacha, con huertos y viñedos arrancados de raíz.
Legambiente alertó que hasta el año 2050 el sector agroalimentario italiano corre el riesgo de sufrir pérdidas económicas por un valor de 12 mil 500 millones de euros anuales, en ausencia de intervenciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Stefano Ciafani, presidente de esa agrupación ecologista, expresó al dar a conocer este documento que “la agricultura italiana es una de las víctimas más vulnerables de la crisis climática, y es hora de actuar con decisiones e intervenciones concretas”.
Entre las medidas que proponen en ese análisis los expertos de Legambiente se encuentran la plena implementación del Plan Nacional de Acciones contra el Cambio Climático, con un financiamiento adecuado, así como aprobar legislaciones para frenar el consumo indiscriminado de tierras y contra la denominada agromafia.
Plantean además la necesidad del desplazamiento masivo de recursos en favor de las zonas internas y montañosas, para combatir y prevenir el fenómeno del abandono de las mismas, con vistas a la adaptación y la resiliencia a los daños causados por la crisis climática.
También demandan la aprobación del reglamento europeo sobre el uso de plaguicidas y la actualización del plan de acción nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios.
Entre las recomendaciones al Gobierno, se incluye la emisión de un decreto, para el establecimiento de un observatorio nacional de adaptación al cambio climático, agrega la fuente.
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