«Me despierto todos los días con la sensación de la PF en la puerta. ¿Qué acusación? No importa», confesó Bolsonaro al canal Auriverde Brasil.

La detención preventiva, a finales del pasado año, del general de la reserva Walter Braga Netto complica aún más la situación del exmandatario, acusado de presunta participación en una conspiración golpista para impedir la llegada al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

En noviembre, la Policía Federal (PF) señaló al exgobernante como presunto responsable de orquestar y dirigir los actos ejecutorios del fallido plan golpista, que incluía intentos de asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).

Según la fuerza del orden público, Braga Netto, exministro de la Casa Civil y Defensa del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), habría jugado un papel clave en estos hechos.

La operación policial de su arresto el 14 de diciembre respondió a órdenes emitidas por el STF, que justificó la medida argumentando que el jefe militar, quien también fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula electoral de Bolsonaro en 2022, obstaculizó la recopilación de pruebas y trató de alinear versiones entre los inquiridos.

Para la PF, el oficial de alto rango intentó manipular detalles proporcionados por el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro y colaborador en la investigación, incluso después de la liberación de este último en septiembre de 2023.

Confirmado está que Braga Netto habría facilitado recursos y coordinado acciones para ejecutar el esquema violento que incluía el asesinato de autoridades públicas.

Tales acciones formaban parte de un entramado mayor en el que se indaga el papel de Bolsonaro y su círculo cercano en los intentos de subvertir el orden democrático.

La normativa brasileña establece que el político ultraderechista solo podría ser arrestado si el caso avanza y se presenta una denuncia formal que supere todas las instancias judiciales.

No obstante, la evolución de las averiguaciones parece estrechar el cerco en torno al expresidente, cuya implicación sigue bajo examen.

Finalmente, el 26 de noviembre, De Moraes envió a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) el informe de la investigación policial sobre la tentativa golpista.

En medio de expectativas, círculos judiciales indicaron que solo en febrero se conocerá la decisión de la Fiscalía sobre si denunciar o no Bolsonaro y a otros 39 acusados por la inferida maquinación contra la democracia.

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