Así, al expresar su apoyo a la Ley, el grupo parlamentario del ANC, principal agrupación política sudafricana y mayoritaria en el Gobierno de Unidad Nacional, sostuvo que ésta equilibra adecuadamente la protección de los derechos de los terratenientes expropiados y la promoción del interés público.

La nueva ley deroga la anterior, de 1975 (época del apartheid) y describe cómo puede ocurrir la expropiación de tierras en interés público de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución. Fue sometida a un proceso de consulta pública y revisión parlamentaria durante cinco años.

Según el ANC, promoverá la inclusión y permitirá abordar los problemas de tierras que afectan a las comunidades marginadas.

«No es una cuestión política, es una cuestión socioeconómica”, afirmó viceministro de Obras Públicas e Infraestructura, Sihle Zikalala.

De otro lado, la Ley de Expropiaciones ha recibido ataques desde los dos extremos del espectro político sudafricano.

Así, la Alianza Democrática (DA), el Frente de la Libertad Plus (FF Plus), los Luchadores por la Libertad Económica (EFF) y el Movimiento de Transformación Africana (ATM), han criticado la ley y, según anunciaron, prevén impugnarla en los tribunales.

En palabras del portavoz de la DA, Willie Aucamp, el partido reitera firmemente su oposición al proyecto de ley de expropiación que el presidente Cyril Ramaphosa acaba de convertir en ley.

Aunque reconocemos que la Constitución permite la reparación y la restitución de las tierras, incluida la reforma agraria, sostiene, la DA tiene serias reservas sobre el procedimiento, así como sobre importantes aspectos sustantivos del proyecto de ley.

Mientras, el líder del FF Plus, Pieter Groenewald, argumentó que la ley alberga en su letra y espíritu la posibilidad de la expropiación sin compensación, calificándola de inconstitucional.

“La sección 12 –afirma- estipula que el valor pagado al propietario puede ser nulo, por lo que la ausencia de valor no es otra cosa que una expropiación sin compensación”.

Creemos que ello es inconstitucional y, por lo tanto, el FF Plus llevará este asunto al Tribunal Constitucional porque el artículo 25 de la Constitución es bastante claro en cuanto a que, cuando se trata de la expropiación, el dinero pagado debe ser justo y equitativo y acorde con la propiedad.

Del otro lado del panorama político sudafricano, la nueva ley también sufre ataques, esta vez por haberse quedado por debajo de lo que varios partidos consideran justo.

De esa manera, el EFF ha rechazado la ley, alegando que no aborda adecuadamente la redistribución de tierras y solicita la modificación del artículo 25 de la Constitución para incluir la custodia estatal de la tierra.

En ese sentido planea presentar nuevas propuestas legislativas.

Similar posición la adoptó el Congreso de Líderes Tradicionales de Sudáfrica (Contralesa), diciendo que no aborda las necesidades de los sudafricanos negros desposeídos.

El presidente de esa organización, Kgosi Lameck Mokoena, afirmó que las características de la cláusula de propiedad siguen intactas en la nueva legislación, que nada ha cambiado.

Mokoena también criticó a la Alianza Democrática por su oposición a la ley, acusando a ese partido de proteger los intereses de los sudafricanos blancos.

Ahora critican la legislación, después de no haber pagado un solo centavo por obtener esa tierra que les dio el gobierno del Apartheid, añadió.

Como Contralesa, resaltó, afirmamos que su oposición es infundada y egoísta.

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