El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que la sentencia prevé cinco años y cuatro meses de encarcelamiento para estos integrantes del gabinete nombrado por Jeanine Áñez tras el derrocamiento del exmandatario Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Los gases internados irregularmente en el Estado Plurinacional procedentes de Ecuador y Argentina tenían como destino la represión contra quienes protestaban en defensa del restablecimiento del orden constitucional.

“Se informa a la población boliviana que fueron sentenciados por los delitos de incumplimiento de deberes, daños y perjuicios y otros en el caso Gases (…)”, informó Castillo en sus redes sociales.

Además de Murillo, López y Lizárraga, la autoridad mencionó en su cuenta de Facebook entre los sentenciados a Héctor Pérez (tres años y cuatro meses).

Según las pesquisas, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión entre Murillo, López, Lizárraga y otros, se tomó contacto con la Policía de Ecuador y se acordó la entrega de armamento no letal a Bolivia.

Tras el acuerdo, partió de Bolivia un avión hacia ese país para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en cinco mil granadas de mano LG-302, dos mil 389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.

Tras la firma del Decreto Supremo 4078 que exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares en la represión contra quienes exigían el restablecimiento del orden democrático, ocurrieron en noviembre de 2019 las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto, y la de Sacaba, en Cochabamba.

El saldo de esas acciones represivas fue de 37 civiles muertos, cientos de heridos y miles de detenidos y torturados.

Con fecha 27 de mayo de 2020, a través de una carta, Ecuador pidió la devolución del material prestado y se develó el tráfico irregular, de estos medios de combate.

Por su parte, el exembajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, encontró pruebas similares en los archivos de esa sede diplomática en La Paz, que comprometían a su antecesor.

El juicio oral comenzó en mayo de 2024, con exautoridades imputadas declaradas en rebeldía porque huyeron de Bolivia en 2020.

Los condenados, además, deberán pagar costes, daños y perjuicios en favor del Estado.

El proceso fue activado por el Ministerio Público a instancias de la Procuraduría General del Estado, las carteras de Defensa y de Gobierno.

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