«Si el fiscal general de la República (Paulo Gonet) viene a ofrecer denuncia contra cualquiera que sea, el Supremo la apreciará como debe apreciar todo en la vida, con seriedad examinando las pruebas. El proceso penal, sobre todo, es prueba», afirmó Barroso a periodistas después de una conferencia dictada en Sao Paulo.

En manos de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) está el informe de la Policía Federal (PF) en el que se acusa a Bolsonaro y a otras 39 personas de tentativa golpista en 2022 para intentar impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Si finalmente la Fiscalía decide presentar una denuncia formal ante el Supremo, esta corte y específicamente el juez relator Alexandre de Moraes determinará si acepta el expediente y daría inicio al proceso judicial.

Ante tal posibilidad, Barroso precisó que su «visión del derecho en general no es una visión politizada, es una visión fundada en la integridad, en lo que es correcto, justo y legítimo. Eso es lo que creo que el tribunal debe hacer», remarcó.

En medio de expectativas, fuentes judiciales indicaron que solo en febrero y posiblemente en esta semana se conocerá el fallo de la PGR sobre si inculpar o no al exgobernante (2019-2022) y a los otros acusados por el supuesto plan contra la democracia.

Además, figuran entre las acusaciones una aparente confabulación para asesinar a Lula, al vice Geraldo Alckmin y un designio de ataque contra instituciones clave, como el STF, en particular eliminar a De Moraes.

El informe final de la PF revela también, entre otras cuestiones, que las pruebas reunidas demuestran inequívocamente que Bolsonaro «planeó, actuó y tuvo el dominio de forma directa y efectiva de los actos ejecutorios realizados por la organización criminal que tenía como objetivo la concreción de un golpe de Estado y la abolición del Estado Democrático de Derecho».

Precisa el documento que el complot no ocurrió solo por hechos «ajenos a la voluntad» del excapitán del Ejército.

Certifica que la tentativa solo no fue adelante por la negativa de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica en ese momento, además la mayoría del alto mando del Ejército no se sumó al golpe.

Si definitivamente se presenta la imputación de la PGR y el Supremo abre un juicio penal, las causas podrían sumar 28 años de cárcel para Bolsonaro.

El sonado caso representa una prueba significativa para las instituciones democráticas y la capacidad de la justicia en Brasil para abordar delitos de alto perfil.

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