Así lo aseveró la directora jurídica de la DGM, Laura Mariñez, durante el conversatorio «Regulación migratoria en República Dominicana: desafíos fronterizos y jurídicos», celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

A la presentación asistió el director de la DGM, Luis Rafael Lee Ballester, y el director de Extranjería, Regner Evins Féliz.

Al detallar la diferencia entre trata y tráfico, la especialista explicó que «la primera es explotación y es un crimen contra los derechos humanos, mientras el segundo es movimiento ilegal y representa un delito contra el Estado».

La funcionaria sostuvo que en octubre de 2024 la DGM retomó la práctica de colaborar con la justicia en el sometimiento de los casos de tráfico de personas, falsificación de documentos, entre otras violaciones a la ley.

Desde entonces, precisó, se han sometido a la justicia 58 casos, 47 de estos por trata y tráfico de migrantes, cinco por falsificación de documentos, uno por agresión física y uno por porte y tenencia de arma ilegal.

Además, un individuo fue acusado por soborno y cohecho; otro por asociación de malhechores y uno por tentativa de homicidio.

Mariñez expresó que en estas situaciones hay un total de 389 extranjeros involucrados, y 76 imputados, pero no especificó la nacionalidad de los implicados.

Explicó que salvo un 13 por ciento que está pendiente de conocimiento de medida, a todos los demás se le aplicaron restricciones, entre estas presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida.

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