Las autoridades del país centroamericano aprobaron la extensión del estado de excepción por un periodo adicional de 45 días, como una medida de seguridad y libre circulación para los cercanos comicios.

De esa manera, la vigencia de este instrumento, implementado en diciembre de 2022 para reducir los índices de violencia en 226 de los 298 municipios hondureños, se prolongará hasta el 5 de abril del presente año.

Ante las críticas de algunos sectores por la ampliación de la medida, la Secretaría (ministerio) de Seguridad afirmó que la misma no afectará el derecho de libre circulación.

Aseguró que todos los ciudadanos podrán desplazarse sin limitaciones hacia sus centros de votación y ejercer su derecho al sufragio con total normalidad.

Destacó que el estado de excepción permitirá a la Policía Nacional fortalecer sus operativos durante la jornada electoral, con el objetivo de proteger a los votantes, mantener el orden público y prevenir cualquier incidente que pudiera alterar el normal desarrollo del proceso.

Como parte de ese despliegue, se implementarán dispositivos especiales de vigilancia y patrullajes estratégicos en las inmediaciones de los colegios electorales, buscando crear un ambiente seguro que propicie la participación de la población en las elecciones primarias de los partidos políticos.

Contraria a la opinión de algunas organizaciones sociales y partidos opositores, el ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió que el estado de excepción ha sido clave para debilitar estructuras criminales.

Sánchez subrayó que las estrategias contra la criminalidad aplicadas en tres años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro dieron resultados contundentes.

Entre esos logros, mencionó un estudio difundido la víspera en México por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, según el cual San Pedro Sula y Tegucigalpa salieron en 2024 del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo.

El ministro dijo, además, que 2024 cerró con la tasa de homicidios más baja en dos décadas.

“Son hechos, no palabras. Definitivamente vamos bien”, opinó Sánchez, quien atribuyó en gran parte esos avances al estado de excepción.

Remarcó que la disposición gubernamental no restringe el derecho de libre circulación a nadie, al contrario, garantiza seguridad para todos permitiendo a nuestra institución reforzar los operativos para proteger a los votantes y resguardar del orden público, concluyó.

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