Los descargos informativos se extendieron por más de cuatro horas, según el fiscal de materia Miguel Cardozo, después que Lisperguer se presentó la víspera voluntariamente, y al concluir, el investigado quedó en libertad al acreditar un domicilio fijo, una familia y un trabajo lícito.

Esta pesquisa abarca el lapso 2021-2024, cuando el investigado pasó de tener un bien inmueble a poseer nueve, la mayoría en el departamento de Cochabamba, según se informó el 15 de enero último, cuando el presidente, Luis Arce, hizo pública su destitución. Adicionalmente, fueron identificados movimientos económicos por más de un millón de bolivianos, que involucrarían depósitos de otras personas, incluidos algunos servidores públicos.

De acuerdo con el Ministerio Público, Lisperguer presentó documentación que acredita la adquisición de los bienes a su nombre, los cuales, se presume, fueron adquiridos antes de su mandato como ministro.

“Se trataría de un mismo bien inmueble, una matrícula madre, que se dividió en ocho departamentos y que estarían en calidad de venta y anticrético, transferidos a otras personas. Es por esa razón que le habrían ingresado o transferido esos montos de dinero”, detalló el fiscal Cardozo.

De acuerdo con Lisperguer, los bienes fueron adquiridos de manera lícita y los movimientos económicos están relacionados con transacciones legales.

La Fiscalía, sin embargo, continuará investigando para verificar la procedencia de los recursos y la legalidad de las operaciones.

Posesionado al frente de la cartera de Medio Ambiente el 5 de marzo de 2024 en reemplazo del extitular Rubén Méndez, el hoy investigado fue destituido el 15 de enero último.

“Luego de haberse hecho pública la admisión de una denuncia contra el ministro de Medio Ambiente y Agua, por presunto enriquecimiento ilícito, he dispuesto su destitución inmediata para que asuma defensa en las instancias que corresponda”, aseguró el presidente Luis Arce en su cuenta de X (antes Twitter).

“(…) Nuestro Gobierno, en cumplimiento al mandato del pueblo, no tolerará ningún indicio o acto de corrupción”, enfatizó el jefe de Estado en un post.

La Fiscalía Departamental de La Paz, en tanto, activó esta pesquisa ante una denuncia del Viceministerio de Transparencia, que detectó un incremento “no proporcional” de los ingresos del hoy extitular, por lo cual se presume la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en su declaración jurada de bienes.

Según se informó, en la condición de investigado también figura en el expediente el funcionario Gabriel Alejandro D.A., asesor jurídico de Lisperguer.

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