La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, indicó que la decisión sobre la concesión del bloque petrolero, ubicado en la provincia amazónica de Orellana, será anunciada próximamente.
Medios de prensa locales publicaron que el consorcio, conformado por las empresas Amodaimi Oil Company S.L. (subsidiaria de la estatal china Sinopec) y Petrolia Ecuador S.A. (subsidiaria de New Stratus Energy Inc. de Canadá), buscan operar el campo por 20 años.
El Gobierno obtendría seis mil 314 millones de dólares con la adjudicación, pero según una auditoría a la cual accedió el portal digital Primicias, el campo podría generar 14 mil 941 millones de dólares, es decir, mucho más de lo negociado si se delega al consorcio extranjero.
La presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento), Viviana Veloz, expresó su repudio a la “ilegal e inconstitucional” pretensión de concesión del campo Sacha y entregarlo a manos privadas “en un proceso con claros vicios de ilegitimidad”.
Paralelamente, Manzano confirmó que en Petroecuador, compañía estatal que actualmente está a cargo de Sacha, se hicieron las “remociones necesarias” de gerentes y subgerentes porque «tiene que haber gente con la que estemos alineados todos».
En redes sociales, políticos de oposición señalaron que los despidos se deben a la negativa de esos funcionarios de firmar informes para entregar el sitio de producción de crudo considerado como «la joya de la corona».
El expresidente Rafael Correa en su cuenta de la plataforma X consideró «patriotas» a los que están sacando «porque se oponen a la privatización del campo Sacha y al saqueo del país»
La Asociación Nacional de Trabajadores del Petróleo y Energía (Antep) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (Sintep) señalaron que “la política de miedo no solo se ejecuta a través de despidos, también se mantiene en el limbo la renovación de encargos en posiciones esenciales”.
La gerente de Petroecuador, Leydi Jiménez, acaba de renunciar, evidentemente porque sabe que otorgar el campo Sacha a privados perjudica al Estado ecuatoriano, afirmó la legisladora Pamela Aguerre, presidenta de la Comisión de Fiscalización.
La ministra Manzano no acudió al llamado de esa mesa legislativa que la víspera analizó el tema y otros comparecientes alertaron de pérdidas de ocho mil millones durante el tiempo de concesión y que la empresa privada se llevaría más del 80 por ciento de ganancias.
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