Tal medida fue elaborada conjuntamente por los poderes Legislativo y Ejecutivo.

La decisión del ministro Flávio Dino, del STF, fue refrendada por el pleno de la corte, en una sesión virtual de juicio, que comenzó el viernes e incluso con la votación de todos los ministros y sigue abierta hasta el miércoles.

El compromiso de los parlamentarios fue enviado el 25 de febrero al ministro, quien es relator de los procesos que tratan las medidas de transparencia determinadas por el STF para el pago de las enmiendas.

Al homologar el plan, Dino liberó el pago de las correcciones de este año y de los años anteriores suspendidas por decisiones de la corte.

Por el plan de trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado, a partir del actual ejercicio, ya no será posible empeñar rectificaciones sin la identificación del diputado o senador que hizo la nominación y de la entidad que va a recibir los recursos.

De acuerdo con la determinación de Dino, no entran en la liberación las enmiendas específicas para organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades del tercer sector que fueron auditadas por la Contraloría General de la Unión (CGU).

Tampoco los recursos para la salud que no están regulados en cuentas bancarias específicas y enmiendas de banco, las enmiendas de bancada y de comisión que no fueron validadas en actas de las respectivas comisiones y están sin identificación del parlamentario.

El bloqueo sobre la liberación de las enmiendas comenzó en diciembre de 2022, cuando el STF entendió que las enmiendas llamadas RP8 y RP9 eran inconstitucionales.

Después del fallo, el Congreso Nacional aprobó una resolución que cambió las reglas de distribución de recursos por enmiendas del relator para cumplir con la determinación de la corte.

Sin embargo, el Partido Socialismo y Libertad, que presentó la demanda contra las enmiendas, señaló que la decisión seguía en incumplimiento.

Tras la jubilación de la ministra Rosa Weber, ponente original del caso, Dino asumió la dirección del caso.

En agosto, el juez determinó la suspensión de las enmiendas y decidió que las transferencias deben seguir criterios de trazabilidad.

Ordenó que la CGU auditara las transferencias de los parlamentarios a través de las enmiendas del presupuesto secreto.

El mes pasado, Dino suspendió enmiendas parlamentarias para ONG debido a la falta de transparencia.

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