El dictamen, aprobado en lo general con 477 votos a favor, recibió en lo particular el respaldo de 432 legisladores, el rechazo de 28 y cuatro abstenciones.

Sobre el “nepotismo electoral”, el proyecto establece que los aspirantes a un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido, en los tres años anteriores al día de la cita ante las urnas, un vínculo de pareja o familiar con el funcionario que está ejerciendo el puesto.

A juicio del diputado Pedro Vázquez (Partido del Trabajo), la modificación no cierra la participación política de nadie, sino que evita la herencia del poder como si fuera un bien familiar.

“El servicio público no es un privilegio ni un título nobiliario, es una responsabilidad que debe de ganarse con trabajo, compromiso y respaldo legítimo del pueblo. En una democracia verdadera, nadie debe de tener ventajas indebidas sobre sus adversarios”, señaló.

Ambas prohibiciones entrarían en vigor a partir de 2030, precisa un comunicado de la cámara baja, al referir que la Federación, los estados y esta capital deberán adecuar sus ordenamientos en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la puesta en vigencia del decreto.

El dictamen a la minuta, que se deriva de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue enviado a las legislaturas de los estados y de esta capital para sus efectos constitucionales.

Actualmente en México, solo el Presidente y los gobernadores de los estados no pueden reelegirse.

arc/las