Organizaciones sociales anunciaron una movilización para el 11 de marzo, cuando saldrán a las calles a exigir la anulación del proceso, mientras diversas figuras políticas y gremiales emprendieron acciones legales y de protesta contra la entrega del yacimiento.

La polémica va en dos direcciones: por un lado, si realmente es necesario y conveniente para el Estado perder los beneficios de operar el bloque más productivo del país y por otro la legitimidad y transparencia de la negociación.

El secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), David Almeida, cuestionó el proceso y advirtió sobre las posibles repercusiones económicas y operativas de la privatización.

Según el dirigente, el contrato no favorece al país, ya que reduce la participación estatal a un rango entre el 12,5 y 26,5 por ciento de la producción, en dependencia del precio del crudo, mientras el consorcio extranjero absorbe la mayor parte de los beneficios.

La administración del presidente Daniel Noboa justificó la necesidad de concesionar la operación y exploración del campo debido a las condiciones en que se encuentra, oxidado y con problemas de infraestructura, lo cual fue rebatido por Almeida.

En su opinión, “una corona oxidada”, como dijo el Gobierno que era Sacha, no puede producir 77 mil barriles diarios, los datos contradicen el relato del Ejecutivo que desde septiembre de 2024 inició el proceso a escondidas.

En el plano político, la candidata presidencial Luisa González de la Revolución Ciudadana (RC), que se enfrentará a Noboa en balotaje el próximo 13 e abril, prometió revertir la adjudicación si llega al poder y argumentó que el contrato se hizo al margen de la ley.

Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y excandidato presidencial, también se pronunció en contra de la concesión y llamó a exigir a organismos como Contraloría y Fiscalía que inicien las investigaciones debidas ante los indicios de corrupción.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó una acción de protección para frenar la adjudicación, mientras el colectivo Yasunidos criticó al Gobierno por favorecer intereses privados en detrimento de los recursos nacionales.

La asambleísta Sofía Espín, de la RC, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presunto tráfico de influencias y posible peculado en la adjudicación de Sacha, un acto que calificó como “el mayor atraco petrolero del siglo”.

Esta negociación es terrible, lesiva para el pueblo ecuatoriano, rompe, vulnera la soberanía del país basado en un artículo inconstitucional de la Ley de Hidrocarburos,

En medio de las críticas, el presidente Daniel Noboa emitió un comunicado en el cual fija el 11 de marzo como fecha límite para que Sinopetrol pague la prima de mil 500 millones de dólares.

Almeida señaló que esa podría ser una «salida elegante» del Gobierno para no entregar el yacimiento, aunque advirtió que «hay intereses de otros capitales en hacerse con Sacha».

Por su parte, el abogado Washington Andrade anunció acciones legales por presuntos delitos que se cometerían si se firma el contrato peculado, traición a la Patria, corrupción y fraude procesal.

En medio de gritos de “Sacha no se vende, Sacha se defiende”, representantes de organizaciones sociales decidieron convocar a un tuitazo el próximo 10 de marzo y a una movilización nacional el 11 de este mes, día que Noboa puso como límite para acceder a la firma del contrato.

El Ministerio de Energía y Minas anunció la semana pasada la adjudicación del campo Sacha, ubicado en la provincia amazónica de Orellana, al consorcio Sinopetrol, conformado por las compañías Amodaimi Oil Company y Petrolia, filial de New Stratus Energy, con sede en Canadá.

En redes sociales circularon denuncias que la empresa llamada El Ordeño, vinculada a la familia del mandatario, estaría vinculada a Amodaimi, pues en los registros de la Superintendencia de Compañías, aparecían con el mismo teléfono de contacto.

Sin embargo, El Ordeño emitió un comunicado para decir que no tiene ninguna relación o vinculación con Amodaimi y Noboa también negó los vínculos de su familia con esa entidad.

A pesar de los intentos por desvincularse, persisten las dudas sobre los intereses reales detrás de la posible concesión de Sacha, la joya de la corona.

rc/avr