El magistrado negó este viernes el recurso de aclaración y ampliación presentado por la vicemandataria ante la sentencia de primera instancia que la sancionó por violencia política de género contra la canciller, Gabriela Sommerfeld.

Ortega consideró que «no existe en la sentencia ambigüedad alguna respecto a la procedencia de la suspensión de los derechos políticos de la autoridad sancionada (…). Su objeción corresponde más a un desacuerdo con el fallo que a una verdadera petición de aclaración”.

Según el juez del TCE, la decisión sancionatoria está sólidamente fundamentada en normas constitucionales y legales.

El pasado 27 de febrero, el letrado sancionó a Abad con la pérdida de sus derechos políticos por dos años y una multa de 30 salarios básicos, equivalentes a 14 mil 100 dólares.

Abad todavía puede apelar esta sentencia ante el pleno del TCE como último recurso.

La denuncia de Sommerfeld fue en respuesta a la demanda original por violencia política de género presentada por la vicegobernante contra el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien mantiene una abierta controversia.

En el contexto electoral, el mandatario aspirante a la reelección no pidió licencia para la campaña previa a la primera vuelta de los comicios, ni le cedió el poder a Abad.

El jefe de Estado designó por decreto a Cynthia Gellibert como vicepresidenta encargada y la dejó al frente del Ejecutivo en los momentos que salió del cargo para actos proselitistas.

Abad acusó a Noboa de acoso para forzarla a dimitir y evitar dejarla al frente del Gobierno durante la campaña.

En ese escenario hubo una serie de demandas y contrademandas, incluida esta ratificada hoy.

El Gobierno de Noboa llegó a suspender a Abad por cinco meses, una sanción administrativa que fue anulada por la Justicia, pero aún así la designó como consejera en la embajada en Türkiye.

Ante toda esa situación, la vicemandataria permanece en territorio ecuatoriano y denunció un golpe de Estado por parte del propio presidente.

Recientemente, la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, expresaron su profunda preocupación por el hostigamiento político, administrativo y judicial contra la vicepresidenta ecuatoriana.

Además, Alsalem declaró que esa situación pone en tela de duda la independencia judicial y la democracia en el contexto electoral.

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