La norma aprobada por el Congreso de la República, de mayoría conservadora, dispone la anulación de los procesos contra autores de crímenes de estado cometidos antes de 2002, año en el que el Estado peruano se adhirió a la Corte Penal Internacional y con ello se comprometió a la imprescriptibilidad de esos crímenes.

La ley, según sus críticos, deja impunes a los autores de violaciones de derechos humanos de civiles durante la llamada guerra interna (1990-2000), ante lo cual algunos jueces priorizaron los compromisos internacionales y se negaron a aplicarla.

El TC notificó al Parlamento para que su representante planteé su respuesta a la demanda en un plazo de 30 días laborables.

El recurso de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestiona la ley que determina la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y de los crímenes de guerra en la legislación peruana.

De otro lado, parlamentarios derechistas sumaron una nueva denuncia, por supuesto cohecho y otros cargos, contra la fiscal Espinoza, quien investiga a la presidenta Dina Boluarte por siete de 34 denuncias por presuntos delitos diversos.

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