La Policía de Filipinas arrestó al exmandatario, la víspera, en esta capital, en cumplimiento de una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), donde está acusado de crímenes contra la humanidad relacionados con su sangrienta guerra contra las drogas.

Según lo previsto, Duterte, de 79 años de edad, será transferido a la sede de la CPI, en La Haya, y una vez allí se le programará una audiencia de comparecencia inicial.

Mientras Sara Duterte alega que su padre fue sacado del país a la fuerza y por motivos políticos, la hija menor del político, Verónica, presentó este miércoles una acusación, contra el actual gobierno de Ferdinand Marcos, ante la Corte Suprema de Filipinas por “secuestro” y exige el regreso de su papá.

La investigación de la CPI gira en torno a la mortífera guerra contra el narcotráfico desplegada por el experimentado político cuando era alcalde de Davao, una ciudad de 1,7 millones de habitantes en la isla de Mindanao, en el sur de este archipiélago, considerada una de las urbes principales del país.

Hace seis meses, el exmandatario confesó haber dirigido un escuadrón de la muerte a fin de combatir la delincuencia y acabar con el crimen.

Para desplegar su guerra contra las drogas, dijo textualmente que hizo lo que tenía que hacer.

Duterte fue alcalde de Davao un total de 22 años en tres etapas: 1988-1998, 2001-2010 y 2013-2016, en ese último año se convirtió en presidente de la nación hasta 2022.

La urbe de Davao pasó de estar en la lista de las ciudades más peligrosas de Filipinas a ser una de las más seguras y el dirigente lo imputó a su política de tolerancia cero con la delincuencia.

Tal estrategia implicaba numerosas violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes.

“No cuestionen mis políticas porque no ofrezco disculpas ni excusas. Hice lo que tenía que hacer y, lo crean o no, lo hice por mi país”, declaró Duterte en una audiencia ante el Senado filipino, en octubre de 2024.

Por su parte, la propia vicepresidenta, Sara Duterte, está pendiente de un juicio político en el Senado filipino, por acusaciones de corrupción y uso indebido de fondos reservados de inteligencia.

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