La idea es que los debates se centren en la participación femenina en las elecciones y en la distribución de las vacantes en el sistema proporcional de votos.
El portal R7 asegura que, para la reunión de este martes nueve personas, entre expertos y parlamentarios, fueron invitados, pero solo ocho confirmaron presencia.
Tal proyecto reúne todas las reglas electorales, desde orientaciones para partidos políticos hasta la definición de los criterios de inelegibilidad.
La nueva versión de la propuesta estaba prevista para ser presentada el 2 de abril, pero la etapa fue trasladada para mayo.
El cambio vino por diferentes peticiones para que el proyecto sea más discutido entre los senadores.
La iniciativa establece un plazo de ocho años para que se impida a un candidato presentarse, independientemente de la gravedad del delito cometido.
El tiempo previsto, según el código, pasaría a contar desde la decisión final en Justicia, lo que podría llevar a la pérdida de mandatos.
La enmienda, sin embargo, puede acortar el tiempo en que los políticos condenados no pueden presentarse.
En otro frente, el proyecto también establece la reserva del 20 por ciento de los puestos a nivel legislativo para mujeres, lo que, en la práctica, dejaría escaños en la Cámara de Diputados, Senado y en las asambleas de estados y municipios.
La intención del Congreso Nacional es hacer que las definiciones pasen a ser válidas en las elecciones de 2026, lo que reduce el tiempo de análisis en el Senado.
Además de la CCJ, el texto todavía tiene que pasar por el pleno y ser reevaluado entre los diputados, teniendo todas las etapas concluidas hasta octubre.
Con el nuevo Código Electoral se pretende regular, entre otros objetivos, la propaganda política, en especial en iglesias y universidades, lo cual podría generar debates sobre la separación entre religión y política.
También introduce el concepto de ciudadanía juvenil, permitiendo a los jóvenes de 14 años ejercer su derecho al voto en elecciones específicas.
De igual manera se prohíbe a los proveedores de redes sociales y aplicaciones de mensajería adoptar criterios que impliquen «censura política, ideológica, artística o religiosa de los candidatos a cargos políticos».
La nueva propuesta busca modernizar y mejorar el proceso electoral, aumentando la participación ciudadana y garantizando la transparencia y la imparcialidad en las elecciones.
Sin embargo, su implementación y efectividad dependerán de la regulación y la aplicación práctica de estas nuevas normas.
jha/ocs
