El jefe de Estado organizó la protesta del 18 de marzo para pedir la renuncia del titular del Ministerio Público, a causa de que esa autoridad lleva a cabo dichas pesquisas “por mandato de la ley”, refiere el periódico El Mundo.

“Como bien sabe Costa Rica –subrayó Arias- el presidente de la República enfrenta múltiples investigaciones penales, entre ellas, el presunto financiamiento irregular de su campaña electoral”.

De acuerdo con el líder de la Asamblea Legislativa, “no se trata de especulaciones ni ataques políticos, sino de procesos impulsados por las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la transparencia en nuestro país”.

El presidente del Congreso –señaló el diario- indicó que “no fue una simple convocatoria ciudadana, sino un acto de presión e intimidación contra el fiscal general, buscando interferir en el ejercicio de la justicia”.

Para Arias “este intento de injerencia en otro poder del Estado es sumamente grave y atenta contra la separación de poderes, piedra angular de nuestra democracia”, agrega El Mundo.

Según el presidente del Congreso, “esta acción podría constituir una nueva violación a la legislación penal, en particular del artículo 316 del Código Penal, que se refiere a amenazas contra un funcionario público por el ejercicio de sus funciones”.

El gobierno rechazó el 9 de abril, días después de la protesta, una acusación formal de la Fiscalía General contra el mandatario por un presunto delito de concusión y desestimó también una medida cautelar del Tribunal Supremo de Elecciones contra el mandatario.

Chaves dio a entender en un Consejo de Gobierno que no acataría la disposición del Ministerio Público por el citado delito, vinculado a un contrato por 405 mil 800 dólares otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica para una estrategia comunicacional en la Casa Presidencial, añadió la fuente.

Díaz presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acusación formal basada en el artículo 355 del Código Penal, que define como concusión el abuso del cargo por un funcionario para obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, lo cual implica penas de hasta ocho años de prisión.

Durante la manifestación del 18 de marzo contra el fiscal general, el presidente Chaves lo calificó de “corrupto” y pidió su renuncia, tras encabezar la caminata hasta el Ministerio Público.

El gobernante responsabilizó en sus acusaciones sobre corrupción al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, instancia esta última a cuyo presidente, Rodrigo Arias, también pidió dimitir, mediante su ya acostumbrada invitación contra el diputado de “váyase a casa”.

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