La decisión fue aprobada por el presidente ghanés, John Mahama, cuyos portavoces la justifican por la necesidad de “crear condiciones justas para conducir la investigación de las denuncias”,

Pero la oposición política no aceptó la explicación y, más aún, acusan al mandatario de interferir en el Poder Judicial y de querer designar jueces favorables a su partido, el Congreso Democrático Ncional.

En Ghana, la Constitución establece que los poderes Judicial y Legislativo son independientes del Ejecutivo.

Entre las voces condenatorias a la medida aparece la del exFuscal General Godfred Yeboah Dame, quien la calificó de “mayor asalto al Poder Judicial en la historia nacional” y cita errores de procedimiento como la entrega tardía de las alegaciones a la interesada que aún no respondió a las acusaciones.

El caso se complico aún por la presentacion de dos nueva denuncias y la creación de una comisión de cinco miembros para investigar las formulaciones de los impugnadores de la magistrada, primera mujer en desempeñar la presidencia del Tribunal Supremo en este país de África occidental.

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