En esta capital, un grupo de manifestantes con diferentes carteles avanzó por varias calles del centro histórico hasta el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Ejecutivo, y logró que los atendiera la subsecretaría de diálogo de la Secretaría Privada de la Presidencia, Mónica Mazariego.

Los representantes del Codeca abordarán las exigencias y denuncias, como el creciente empobrecimiento de las comunidades campesinas, según información de medios de prensa.

Del diálogo depende que los paros en las vías se levanten o no, aseguró Víctor Sotoj, integrante del movimiento llamado de izquierda, en tanto otros miembros instaron a permanecer atentos a las declaraciones al final del encuentro.

Una de las principales demandas es la derogación de la Ley de Infraestructura Vial, que consideran como un paso hacia la privatización de las carreteras del país.

Además, la organización rechaza la renovación de la concesión a la empresa petrolera Perenco para la explotación y el aumento de salario que se autorecetaron los diputados, la que calificaron de insensible dado el bajo sueldo de la mayoría de la población.

En conferencia de prensa el viernes último, Codeca reiteró su acusación de la cooptación y el secuestro del Estado, “cómplice de que se sigan atropellando a los defensores de derechos colectivos y de la Madre Tierra”.

También denunció la privatización del acceso al agua, la falta de servicios básicos en las comunidades y los desalojos forzosos de comunidades campesinas de sus tierras ancestrales.

Elizabeth Florián, a nombre del grupo, expresó solidaridad con los exlíderes de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán, detenidos –planteó- ilegalmente, por las acciones de 2023 en defensa de los resultados electorales.

Afirmó durante el anuncio de la protesta que estos no están solos, “porque todos los movimientos sociales somos uno, amamos, añoramos y hemos venido trabajando, como Codeca desde hace 32 años, por una Guatemala distinta”.

En respuesta, la Corte de Constitucionalidad otorgó varios amparos, a partir de los cuales dispuso al presidente Bernardo Arévalo que girara instrucciones a sus ministros para garantizar el derecho de libre locomoción.

El titular de Gobernación, Francisco Jiménez, aseveró que son respetuosos y garantes del derecho de manifestarse, pero también tienen el deber de salvaguardar el tránsito, la seguridad y los derechos de todas las personas.

Somos conscientes de estas preocupaciones y reiteramos nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho, puntualizó el funcionario.

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