En un Consejo de Ministros, el mandatario insistió en la necesidad de que el próximo 1 de mayo millones de colombianos marchen para respaldar la radicación ante el Senado del cuestionario del proceso, cuyo objetivo es promover cambios fundamentales en la esfera laboral del país.

“¿Por qué pedimos que 10 millones salgan a las calles? Porque la consulta es el derecho del pueblo a hablar y a decidir. Eso se exige en la calle porque el Senado puede darle la espalda al pueblo”, refirió el gobernante.

Explicó que si el Congreso se manifiesta en contra de la voluntad popular perdería su razón de ser puesto que su obligación es representar al pueblo.

Por otra parte, rechazó que el senador liberal Miguel Ángel Pinto, uno de los legisladores que apoyó el hundimiento de la reforma laboral el pasado 18 de marzo, sea ahora el ponente de un proyecto de ley sobre el tema radicado por su agrupación política.

“Eso es hipocresía. Lo que pretenden es que el Congreso se demore años en el debate y que se pasen los términos de la consulta popular. El partido liberal quiere taparle la boca al pueblo”, expresó.

También criticó Petro la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que prohibió la transmisión por televisión de mensajes institucionales sobre la consulta popular.

Estimó el jefe de Estado que dicha acción podría calificarse como prevaricato porque la ley no impide que la gente o el Gobierno pida una consulta, ni que se haga publicidad por eso.

Después del presidente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la iniciativa de una consulta popular nació de la negativa de ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado de debatir la reforma laboral.

“El gobierno entendió que había un bloqueo institucional, querían castigar al presidente Petro so pena de perjudicar al pueblo”, expuso.

Comentó que el ejercicio de participación ciudadana busca restablecer los derechos de la clase obrera, modernizar el marco jurídico, y respetar convenios internacionales actualmente desconocidos por el país.

El titular reveló que la Plenaria del Senado tiene un mes para pronunciarse sobre el ejercicio tras su radicación en esa instancia y que, si no se emitiera criterio al respecto en ese lapso, el mandatario puede convocar a elecciones en un periodo de tres meses.

El cuestionario diseñado para la consulta contiene 12 preguntas.

La primera de ellas inquiere acerca de si está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo ocho horas y no se extienda más allá de las 18 horas, en tanto la segunda cuestiona sobre la pertinencia de pagar un recargo del 100 por ciento por la labor desempeñada en día de descanso, dominical o festivo.

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