Limpias aseguró que la sanción disciplinaria de aislamiento por 20 días, impuesta en el penal de El Abra, fue aplicada conforme con el reglamento penitenciario y cuenta con validación judicial.

“No es un castigo que uno se inventa. El director (del recinto carcelario), en el uso de sus facultades, ha aplicado una sanción establecida por ley, y el juez ya la homologó. Se está cumpliendo una medida disciplinaria dentro del marco legal”, sostuvo la autoridad ante críticas públicas emitidas por familiares y la defensa legal del exjefe del Ejército.

Investigado por el frustrado intento golpista, Zúñiga fue aislado por utilizar un teléfono celular en la cárcel, objeto prohibido para los reclusos.

A través de ese medio de comunicación, el exgeneral ofreció el 16 de abril último una entrevista vía zoom a la publicación digital argentina Data Urgente-Youtoube desde una celda del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba.

La esposa de Zúñiga denunció públicamente que el exmilitar se encuentra en condiciones de aislamiento y sufre presuntos malos tratos.

Sin embargo, Limpias aclaró que Zúñiga fue notificado de la medida y tenía derecho a apelar ante un juez, derecho que pudo ejercer su abogada.

“Más bien la abogada debería preocuparse de apelar si creía que podía defender ese tipo de sanción”, subrayó el director entrevistado por Radio Panamericana.

Informó, asimismo, que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo ingresó recientemente al reclusorio para verificar la situación del exjerarca castrense y desmintió las versiones difundidas.

“Constataron que no había torturas -precisó Limpias-, que había alimentos en su celda y condiciones adecuadas. También verificaron un libro donde el propio señor Zúñiga firma sus salidas al sol, como establece la normativa”.

Agregó al respecto que las acusaciones de tortura son parte de una “tramoya” sin sustento.

Al referirse a una comisión del Senado que investiga de manera independiente sobre el fallido golpe de Estado, opinó que es natural la existencia de criterios distintos, pero aclaró que el Régimen Penitenciario actúa bajo estricta sujeción a la ley.

El miércoles último, una comisión multipartidaria de legisladores se trasladó a El Abra para visitar al exgeneral en el contexto de su pesquisa sobre la asonada del 26 de junio de 2024, pero no lograron su objetivo ante un motín de los privados de libertad.

Los senadores acusaron al Ministerio de Gobierno de organizar esa protesta para impedir la entrevista con el exgeneral.

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