Las inhabilitaciones para el ejercicio de funciones estatales de los expresidentes Martín Vizcarra (2018-2020) y Francisco Sagasti (2020-2021) y cuatro exministros del primero y uno del segundo, estaba supuestamente asegurada, pero se frustraron anoche tras más de seis horas de debates y votaciones, una por una.
Vizcarra reconoció que esperaba recibir la tercera inhabilitación que la aplica el Parlamento y que su previsión no se hizo efectiva solo porque, a punto de iniciarse un largo feriado por el Día Internacional de los Trabajadores, muchos congresistas estaban viajando a disfrutar las breves vacaciones.
A ello se sumó el hecho de que los miembros de la Comisión Permanente del Congreso que previamente votaron por recomendar al pleno las inhabilitaciones, no pueden votar en la instancia final decisiva, lo cual dio lugar a que las sanciones no alcancen la mitad más uno de votos de los 130 legisladores.
El primero que salió airoso por ese motivo fue el expresidente centrista Francisco Sagasti, a quien se pretendía inhabilitar por haber retirado a 19 generales de Policía, tras la muerte por agentes de dos jóvenes que participaban en una protesta contra el Congreso.
La mayoría congresal intentaba inhabilitar a Sagasti y a quienes eran sus primeros ministros Salvador del Solar, actor y cineasta, y Vicente Zeballos y sus mnistros del Interior José Elice y Rubén Vargas.
El pleno dejó sin efecto el caso de Del Solar, tras demostrar este que el plazo para inhabilitarlo había vencido, y no logró la mayoría necesaria para inhabilitar a Elice y Vargas, aunque sí para acusarlos ante el Ministerio Público del citado cargo.
Vizcarra estaba imputado de violar la constitución por disolver el Parlamento conservador, en septiembre de 2018, tras lo cual convocó a un referendo sobre reformas política.
Esas medidas le dieron gran popularidad, al punto que fue el candidato al parlamento con más votos en los comicios de 2021, aunque no pudo asumir el cargo por estar inhabilitado
En su autodefensa dijo ser víctima de persecución para eliminarlo políticamente, pues ya fue inhabilitado por 10 años por haberse vacunado en secreto contra la Covid-19 y por otros cinco por un caso de corrupción próximo a ventilarse en los tribunales.
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