La caminata partirá desde la Facultad de Humanidades y concluirá en las escalinatas del edificio de la Administración del Canal de Panamá (ACP), donde será enarbolada la bandera tricolor defendida por los mártires del 9 de enero de 1964.
Según el rector de la UP, Eduardo Flores, los manifestantes acudirán a la movilización vestidos de blanco y portarán únicamente la insignia patria, para reafirmar el compromiso con la libertad de pensamiento y la protección de todos los universitarios en los momentos políticos cruciales que enfrenta la nación istmeña.
El rector aclaró que desde 1935 la Universidad de Panamá ha desempeñado un papel clave en el crecimiento económico y mantiene el liderazgo en los debates sobre asuntos de interés nacional.
Añadió que ese centro docente es la columna vertebral de la formación profesional y privilegiará la promoción del pensamiento crítico a favor del desarrollo humano y social.
La protesta se suma a la huelga indefinida que ratificó la víspera el Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) en rechazo a la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social.
A los obreros de la construcción se han incorporado otros sectores como médicos, enfermeras, farmacéuticos, docentes, indígenas y en varias comunidades, según explicó Saúl Méndez, secretario general del Suntracs.
Por su parte, varios ministros de Estado destacaron que el Gobierno ha defendido el derecho de los panameños, y a la vez demostrado transparencia en cuanto a los temas de la Ley 462 y la reciente firma del memorando de entendimiento en materia de seguridad con Estados Unidos y el tema minero, a lo que se oponen los colectivos.
Los titulares de las carteras de la Presidencia (Juan Carlos Orillac), Relaciones Exteriores (Javier Martínez-Acha), Gobierno (Dinoska Montalvo), Trabajo (Jackeline Muñoz), Seguridad (Frank Ábrego) y Comercio e Industrias (Julio Moltó), coincidieron en que la inquietudes de los panameños en estos temas están siendo inculcadas por grupos de interés, a través de la difusión de información falsa.
De otra parte, organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el millonario gasto en armamento y municiones realizado por el Ministerio de Seguridad durante los primeros nueve meses del actual Ejecutivo.
Entre los equipos comprados destacan subfusiles, fusiles de asalto, rifles de francotirador, municiones de alto calibre, escudos antimotines y otros accesorios tácticos, en su mayoría adjudicados a la empresa Panama Guns & Ammo Inc.
Además, se adquirió entrenamientos especializados, como cursos para escoltas de alto perfil y técnicas de tiro, sumando varios miles de dólares adicionales al presupuesto destinado a la seguridad.
No obstante, esta fuerte inversión en equipos de seguridad contrasta con las cifras de criminalidad registradas en el país, que siguen siendo alarmantes: 434 homicidios, 12 mil 781 hurtos y tres mil 828 robos entre julio de 2024 y marzo de 2025, según estadísticas del Ministerio Público.
En ese sentido, existe la preocupación de que el armamento es utilizado en las protestas y paros que desde inicio de año han tenido lugar en diferentes sectores de la ciudadanía.
Al respecto, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana señaló que “el Estado está llamado a proteger no a reprimir”.
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