La reclusión de extranjeros deportados desde Estados Unidos a El Salvador que practican ambos países desde el 15 de marzo, cuando deportaron a 238 venezolanos que se mantienen en prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), es ilegal según la valoración publicada por el diario El Mundo.

“No hay una legislación aprobada que avale estas actividades. Hoy por hoy no ha venido a la Asamblea Legislativa que le dé un sustento jurídico a esa actividad que el Ejecutivo está realizando con personas extranjeras”, afirmó Ortiz con relación a declaraciones del vicepresidente Félix Ulloa a un medio en Francia.

Ulloa dijo que se trataba de un servicio de alojamiento penitenciario disponible en El Salvador para países extranjeros.

La legisladora también opinó sobre la entrevista que hizo El Faro a dos pandilleros del Barrio 18 que fueron liberados luego de ser arrestados durante el régimen de excepción y que presuntamente prueba una complicidad de funcionarios gubernamentales en un pacto con las llamadas maras.

“Yo insisto en la propuesta que se hizo en 2023 de hacer una comisión especial de investigación porque los hechos que están en esta entrevista son sumamente graves», aseveró.

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