Según analistas, no es la primera ocasión que se acude a ese instrumento ante el Legislativo por presunta apología del delito, pues la afirmación presidencial contradice un fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en noviembre de 2023 que anuló el contrato con el Estado de Minera Panamá, subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum

La denuncia se fundamenta en declaraciones realizadas por el presidente el pasado 2 de febrero de 2025, donde afirmó que la mina será abierta mediante un mecanismo estatal-privado, sin pasar por el parlamento ni mediante un contrato ley.

El recurso cita que el artículo 398 del Código Penal sanciona a quien incite públicamente a incumplir la ley y añade que las declaraciones de Mulino incurren en apología del delito al contradecir el fallo de inconstitucionalidad señalando que “la protección del derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente de la futuras generaciones tiene prevalencia sobre cualquier otro derecho a la naturaleza económica, incluyendo el derecho a la inversión”.

También se cita la Ley 407 de noviembre de 2023, que prohíbe concesiones para la minería metálica en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la demanda, se solicita que se investigue y sancione esta posible infracción a la Constitución y a la mencionada legislación.

Esta acción contra Mulino se suma a un tenso clima social debido a protestas contra la Ley 462, sobre la Caja de Seguro Social y en defensa de la soberanía nacional, en la que colectivos como la Universidad de Panamá reclamaron respeto a su autonomía y repudiaron la firma de un memorando con Estados Unidos, luego de presiones de la Casa Blanca para apoderarse del Canal de Panamá y promover la presencia de bases militares.

Por su parte, la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) inició mítines en sus centros de atención sanitaria y anunciaron una marcha mañana hasta la Presidencia de la república.

La presidenta de ANEP, Elydia Espinosa, informó que las actividades de protesta se desarrollarán sin afectar la atención en los centros de salud a nivel nacional, pero advirtió que si no se atienden sus reclamos, el gremio se prepara para declarar un paro general a partir del 19 de mayo.

También docentes y constructores comenzaron desde el pasado 23 de abril una huelga indefinida contra la norma del seguro social que exigen sea derogada y condenaron la represión policial desatada en su contra.

Otras acciones en varios puntos del país istmeño condenan la construcción de un embalse en rio Indio (reservorio de agua dulce), para beneficiar los tránsitos por la vía interoceánica, pese al rechazo de las comunidades originarias de esa zona.

Ante el actual panorama, diferentes lideres políticos, firmaron un documento en rechazo al memorando de entendimiento con Washington, al que catalogan como lesivo a la soberanía y contrario a la Constitución.

Titulado “Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía”, el documento plantea seis demandas al Ejecutivo, entre ellas exige que se dé marcha atrás al acuerdo y que cualquier asunto vinculado al Canal, que modifique o transgreda el régimen de neutralidad, pase por el Legislativo y un referendo, como lo establece el artículo 325 de la carta magna panameña.

Mientras , Mulino se reunió la víspera con representantes del sector empresarial de la construcción, educación y salud, quienes abogaron por el diálogo como vía de solución ante millonarias pérdidas por los paros y bloqueos, sin llegar a a acuerdos concretos.

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