Con 49 votos en contra y 47 a favor, la convocatoria solicitada por el presidente Gustavo Petro fue archivada la víspera tras un proceso de votación que representantes del Gobierno y el propio mandatario calificaron de fraudulento.

En una alocución transmitida en cadena nacional, el gobernante consideró que se trató de un hecho dantesco donde se le impidió a la senadora Martha Peralta emitir su voto, en tanto denunció que la votación no fue convocada de manera correcta y que el presidente del Senado cerró el proceso cuando vio ventaja para su bancada.

Estimó que, ante lo acontecido, es el momento de contestar, pero de hacerlo con la sabiduría de un pueblo decidido que ya demostró que es mayoría tanto en las plazas públicas como en las encuestas.

“Lo que se estaba discutiendo es si tiene derecho la gente a una jornada de ocho horas, si tiene el joven trabajador el derecho a un salario, si tiene derecho el campesino a una pensión”, explicó.

Convocó entonces a que se reúnan las organizaciones a escala nacional de los campesinos, de las centrales obreras, de las agrupaciones juveniles, de las asociaciones femeninas, de la minga indígena, de los gremios afro, y de todos los cabildos municipales a que discutan si se aprueban o no las iniciativas que el mismo movimiento popular proponga.

“Llegó la hora del pueblo. La respuesta a la corrupción y al fraude dentro del Senado será tranquila y alegre, pero tiene que ser profundamente contundente, no esperamos al año entrante”, manifestó en alusión al calendario electoral.

También pidió al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular.

Pocas horas antes, varias organizaciones sindicales mostraron su rechazo al hundimiento de la consulta.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, calificó el como una maniobra de un “senado oligárquico que no quiere que los trabajadores recuperen los derechos que los gobiernos neoliberales y proempresariales nos quitaron”.

Apuntó que el gremio que lidera se pone en pie de alerta para manifestarse contra el fraude que se fraguó en el órgano senatorial para ahogar y frustrar la aspiración de los obreros y de la población en general de participar en una consulta popular que se traduciría en beneficios para la clase trabajadora.

Otro tanto hicieron la Confederación General del Trabajo y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.

La consulta malograda en el Senado proponía que la ciudadanía votara en torno a temas vitales del ámbito laboral como la instauración de una jornada de ocho horas y un recargo para quienes trabajen en día descanso o festivo, entre otras cuestiones.

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