El Ministro de Gobierno, José de la Gasca, afirmó este jueves en declaraciones a la prensa que dejarán trabajar a la Asamblea Nacional (Parlamento) en los cambios estructurales.

“Si podemos hacer reformas y pasan, vamos a hacerlas, si necesitamos enmiendas, también”, afirmó el funcionario y aseguró que la propuesta de cambiar la Constitución está en “un compás de espera”.

La decisión del Ejecutivo se da luego de que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) acaparó la mayoría de los cargos en la nueva Asamblea Nacional.

Con el apoyo de seis de los nueve asambleístas de Pachakutik, independientes y del Partido Social Cristiano (PSC), ADN logró la presidencia del Legislativo con Niels Olsen.

La organización política, liderada por Noboa, consiguió también la primera vicepresidencia del Parlamento, con Mishel Mancheno, y una vocalía del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) con Sade Fritschi.

En tanto, Carmen Tiupul, de Pachakutik, fue nombrada segunda vicepresidenta, mientras que el independiente Steven Ordóñez y Samuel Celleri, que era del PSC y pasó a ADN, integrarán el CAL junto con Mónica Salazar, quien hace unos días se separó de la alianza Revolución Ciudadana-Reto y se pasó al bloque oficialista.

Antes de esa distribución de cargos -que excluyó a legisladores de la Revolución Ciuadana-, de la Gasca propuso realizar una Asamblea Constituyente con los tiempos reducidos y la participación de un grupo de notables o representantes de las cinco funciones del Estado.

No obstante, la Corte Constitucional emitió a inicios de este mes una sentencia que advirtió que toda convocatoria para modificar la Carta Magna debe garantizar la participación popular, la transparencia del proceso electoral y la deliberación del órgano constituyente.

Actualmente, la Asamblea Nacional tiene pendiente dos propuestas de reforma constitucional impulsadas por Noboa cuyo trámite inició en la legislatura anterior.

Una de ellas busca eliminar los fondos públicos destinados a los partidos y la otra pretende permitir la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional con el argumento de la seguridad y pese a los cuestionamientos sobre las implicaciones para la soberanía.

ro/avr