Las organizaciones que integran ese grupo, en particular los docentes que protagonizan una huelga indefinida desde el pasado 23 de abril, también demandan la anulación de un memorando suscrito por el Gobierno con Estados Unidos el pasado 9 de abril que facilita el establecimiento de bases militares en afrenta a la soberanía.

La víspera, gremios magisteriales llegaron hasta las inmediaciones del Legislativo y aseveraron que mantendrán este tipo de protesta, desoyendo a la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien indicó que esta semana se retomarían las clases en centros públicos.

Para mañana, el Frente de Gremios Profesionales, Técnicos y Administrativos del Sector Salud también saldrá a las calles en una movilización que seguirá la misma ruta, exigiendo que se revierta una ley que, según los manifestantes, no resuelve la crisis de la CSS.

Estas movilizaciones se dan en un clima de creciente descontento social, en medio de llamados al diálogo que no han logrado frenar el rechazo a una ley que múltiples sectores consideran regresiva.

Otro de los reclamos al Ejecutivo es que respete el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023 que ordenó el cierre de operaciones en la mina de cobre de Donoso(Colón), en respaldo al rechazo a la minería metálica a cielo abierto.

De otra parte, un grupo de abogados independientes emitió un comunicado titulado “Pronunciamiento al país: Estado constitucional de derecho y garantías fundamentales” para recordar que la democracia debe atender las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales de la población.

En el documento advirtieron que el uso del derecho penal como herramienta para reprimir la protesta social representa una amenaza grave a la libertad de expresión y a las garantías democráticas, haciendo un llamado al jefe de Estado a respetar estos derechos y a no fomentar un clima de violencia y exclusión.

En los últimos días arrestaron y mantienen en cárceles de máxima seguridad a dirigentes del sindicato de la construcción como Jaime Caballero y Genaro López, mientras el líder de ese gremio, Saúl Méndez, buscó refugio en la embajada de Bolivia, que le ofreció protección temporal, debido a amenazas a su vida.

También trascendió que la empresa Chiquita Panamá anunció que mantiene suspendidas de manera indefinida las operaciones en la provincia de Bocas del Toro hasta nuevo aviso, alegando una pérdida acumulada de 75 millones de dólares por la interrupción del trabajo en sus fincas.

En un comunicado oficial, la compañía afirma que se ha tomado esta decisión por la paralización injustificada de las labores y el abandono total de las fincas bananeras desde el pasado 28 de abril.

Por su parte, la Universidad de Panamá convocó a la apertura de un diálogo nacional con mediación de este plantel, una vía que niega el presidente de la República, José Raúl Mulino.

En ese sentido, el centro de estudios superiores se convertirá mañana en la sede de una cadena humana solidaria, en la defensa de la democracia y de una iniciativa de diálogo nacional, reveló el rector Eduardo Flores.

Ante el agravamiento de la crisis política que afecta la estabilidad del país, Flores anunció que la cadena humana debe ser entendida como la expresión simbólica de respaldo a la propuesta de diálogo a favor de la democracia y la soberanía nacional en peligro.

La manifestación universitaria coincide con el aniversario 67 del Pacto de la Colina (1958), que trazó el camino democrático de la nación panameña.

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