La exmandataria puertorriqueña, imputada en conjunto con Julio M. Herrera Velutini y el exagente de inteligencia estadounidense Mark T. Rossini por un alegado esquema de soborno, solicitó al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico una prórroga de 30 días con el propósito de dilucidar un posible acuerdo para evitar el litigio en su contra, según se establece en una moción.
De acuerdo con la exposición, la defensa de Vázquez Garced persigue, junto a los abogados de los demás imputados de corrupción, llegar a un entendimiento con la fiscalía federal en Washington, D.C., de modo que se produzca en cada acusado alguna admisión de culpabilidad, lo que ahorraría tiempo y dinero al Estado.
“Las partes han acordado entablar conversaciones de buena fe para resolver este caso en interés de justicia, para lo que se ha programado una reunión presencial para en Washington D.C., para incluir la participación del Fiscal de los Estados Unidos”, se precisó.
Afirmaron que “cualquier resolución de ese tipo evitaría a las partes y, lo que es más importante, la Corte, tener que dedicar tiempo y recursos considerables a presentar y adjudicar numerosas mociones, participar en actividades previas al juicio y llevar a cabo un juicio prolongado”.
La acusación presentada por la fiscalía federal establece que Herrera Velutini y Rossini prometieron apoyo financiero a la entonces gobernadora Vázquez Garced para su campaña política en las elecciones de 2020, a cambio de reemplazar al entonces jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly.
La OCIF realizaba entonces una investigación en contra de Bancrédito, propiedad del banquero Herrera Velutini.
Joyner Kelly presentó su renuncia en febrero de 2020 bajo presiones, por lo que la mandataria boricua lo Víctor Rodríguez Bonilla, a partir de la recomendación de Herrera Velutini.
El banquero Italo-venezolano habría entregado un soborno de 300 mil dólares.
Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, asesor político de Vázquez Garced, quienes admitieron su culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales, por lo que aun no han sido sentenciados.
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