El abogado Abraham Aguirre, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que acompaña a las familias de las víctimas, confirmó a la emisora Radio Pichincha, que la nueva convocatoria no debería retrasarse más de dos semanas.

El pasado 20 de mayo un tribunal de Ecuador revocó la sentencia que reconocía la desaparición forzada de los cuatro chicos.

Los hechos, conocidos como el caso Las Malvinas, se remontan al 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años, desaparecieron tras ser detenidos por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad de Guayaquil.

Desde ese día nadie más volvió a verlos hasta que se encontraron los cuerpos calcinados en Taura, cantón Naranjal de la provincia de Guayas, zona donde, al parecer, fueron abandonados por los militares.

Los cuerpos de los adolescentes fueron hallados sin vida el 24 de diciembre y su identidad se confirmó el último día del año.

El caso ha puesto en evidencia las tensiones en Ecuador entre la lucha contra el crimen y el respeto a los derechos humanos.

Diversos organismos y organizaciones civiles han advertido que el uso indiscriminado de los militares en labores de seguridad interna puede derivar en abusos y falta de rendición de cuentas, especialmente en barrios marginados.

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