La entidad presentó además denuncias en esos cuatro meses por defraudación aduanera en torno 3,6 millones de dólares, según datos de la entidad, citados por el diario local Prensa Libre.
El 56,24 por ciento del total capturado fue al sector del comercio, 31,29 textiles, confecciones y calzado, 5,68 farmacéuticos, 3,07 alimentos procesados, 0,74 granos básicos, 0,65 artículos de higiene, entre otros.
El contrabando no se limita a los decomisos de mercancías incautadas, sino que deben implementarse acciones que generen una percepción de riesgo y fomenten el cumplimiento voluntario del pago de impuestos, subrayó el intendente de Aduanas de la SAT, Edwin Curtidor.
Sin embargo, profundizó que el fenómeno es estructural, pues también debe abordarse el desarrollo de los territorios fronterizos, especialmente mediante la generación de empleo y la formalización del trabajo.
Remarcó que, al haber ocupación laboral en las zonas colindantes a las fronteras, las personas se desvincularían de estas actividades, lo cual involucra asimismo al sector privado organizado.
El diseño de una nueva estrategia requerirá un planteamiento estructural respecto de las instituciones que deben intervenir, tales como los ministerios de Gobernación, Defensa y Salud, entre otros, añadió el funcionario.
Esto incluirá disposiciones sobre la asignación permanente de fondos y recursos, así como la creación de un grupo institucional con disponibilidad inmediata de medios.
El trabajo conjunto de varias entidades chapinas permitió el decomiso de más de 75 millones de quetzales (alrededor de 9,7 millones de dólares) en 2024 en productos de contrabando.
La SAT incluyó entre las incautaciones dispositivos electrónicos, licores, cosméticos, calzado, ropa y medicamentos.
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