La vocera del grupo de enfermos, Gabriela Álvaro, explicó que son alrededor de 19 mil quienes están en situación crítica por la deuda del Estado con las clínicas privadas, cifra que supera los 200 millones de dólares.

Recientemente, los pacientes presentaron una demanda ante la justicia para exigir el pago que garantice su atención al Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que son las instituciones encargadas de transferir los fondos.

Interpusimos una denuncia contra el Estado por la vulneración de derechos y esperamos que el juez y quienes representen a ambas instituciones puedan asumir su responsabilidad de incumplimiento, señaló Álvaro.

Precisó que a nivel nacional hay 19 mil 400 pacientes renales, siete mil de ellos se atienden en el IESS y el resto por el Ministerio de Salud.

Anteriormente, pacientes y personal de salud han protestado en esta nación sudamericana por los atrasos en los pagos del Estado a instituciones con las cuales existen convenios para tratar a aquellos enfermos sin acceso a servicios privados.

En Ecuador, desde 2008 la insuficiencia renal fue declarada como una enfermedad catastrófica, y desde entonces la diálisis está cubierta por el Estado, que por no contar con la capacidad para atender a todos derivó los tratamientos a centros privados.

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