“Con la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal, muchas han sido las vicisitudes que hemos atravesado como pueblo”, dijo la mandataria al comparecer en la víspera ante la Asamblea Legislativa para su primer mensaje sobre la situación del país, al recordar que consiguió a principios de esta mes consensual un presupuesto balanceado en cumplimiento del Plan Fiscal Certificado.
El organismo, que determina el control de las finanzas públicas desde 2016, cuando el gobierno de Estados Unidos aprobó Promesa, acrónimo en inglés de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, se suponía que en seis años terminara, pero no ha sido así porque no se ha cumplido con los presupuestos certificados.
González reveló que salir de la JSF, a la vez que finalizar el contrato con el consorcio privatizador LUMA Energy constituyen las prioridades de su administración, según estableció en su primer mensaje de Situación de Estado, que en principio dijo que no daría al parecer por su confrontación con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, su correligionario.
“El mayor reto de este gobierno y de todo el pueblo es nuestra situación energética”, reconoció, ya que la intención de tener un mejor servicio eléctrico mediante la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo que ha resultado en un fracaso.
Como parte de ese proceso, que no implica mantener el sistema público, pese a los reclamos de diversos sectores, González resaltó la creación de un comité de trabajo multisectorial que “ya produjo dos leyes que nos permiten, tal y como prometí en campaña, actuar sobre la situación energética”.
Se refirió, en particular, a la creación de la figura del Zar de Energía, que encabeza Josué Colón, anterior jefe de la AEE, con la misión de fiscalizar, coordinar y acelerar la transformación energética de esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos desde 1898.
“La salida de este problemático contrato va a ser una realidad”, aseguró respecto a LUMA Energy, aunque la empresa privatizadora reveló que no ha recibido ninguna carta de intención de finalizar el acuerdo, que le ha generado sustanciosos beneficios.
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