Las mujeres, simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, están vinculadas a los actos golpistas del 8 de enero de 2023 en esta capital y huyeron de Brasil tras ser liberadas bajo medidas cautelares.

Financiada con fondos públicos, la visita fue aprobada la semana pasada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

El propósito declarado es verificar «las condiciones carcelarias y posibles violaciones de derechos humanos» que estarían enfrentando las detenidas.

Tal misión fue impulsada por el senador Eduardo Girão y respaldada por la senadora Damares Alves, ambos de la oposición y confesos adeptos de Bolsonaro.

Las mujeres —Michely Paiva Alves, Cristiane da Silva, Rosana Maciel Gomes y Raquel Lopes de Souza— fueron arrestadas por las autoridades migratorias estadounidenses el 21 de enero, un día después de la toma de posesión del presidente Donald Trump, en medio de un operativo intensivo en la frontera sur.

Según Girão, las detenidas ya habían cumplido siete meses de prisión en Brasil por su participación en los ataques antidemocráticos y saqueo a los edificios de los Tres Poderes en Brasilia, y cumplían medidas como uso de tobillera electrónica y presentación semanal ante la justicia.

Aun así, escaparon primero a Argentina, y desde allí intentaron entrar a Estados Unidos «en busca de protección política», alegó el congresista.

El parlamentario sostiene que las acusaciones contra ellas son injustas. «No depredaron edificios públicos, solo entraron para resguardarse de las bombas lanzadas desde helicópteros», declaró Girão, reiterando la necesidad urgente de la diligencia senatorial.

Tres de las mujeres ya fueron condenadas por delitos relacionados con los actos del 8 de enero. La cuarta tiene una orden de captura activa. Sus defensas alegan falta de pruebas y persecución política.

La entrada a Estados Unidos ocurrió tras conocer solicitudes de extradición del Supremo Tribunal Federal a las autoridades argentinas.

En un caso paralelo, en mayo, otra implicada, Da Silva, fue arrestada al regresar en un vuelo de repatriación desde el país norteño con otras 102 personas.

Condenada a un año por asociación criminal, su pena fue conmutada por servicios comunitarios y cursos de civismo, pero huyó del país antes de firmar un acuerdo legal.

La visita de los senadores aún no tiene fecha confirmada, pero genera controversia por el uso de fondos públicos y la politización del tema migratorio.

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