Debate tico ante fallo constitucional contra maltratos a la prensa

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San José, 5 jun (Prensa Latina) La opinión pública de Costa Rica centra hoy su atención en la respuesta negativa del gobierno ante un fallo favorable de la Sala Constitucional que acepta las denuncias de periodistas por violaciones oficiales contra la libertad de prensa.

El presidente Rodrigo Chaves respondió la víspera con desdén a una pregunta sobre la decisión de esa Corte, que declaró con lugar dos recursos de amparo de comunicadores por violaciones contra sus derechos durante conferencias de prensa del gobernante en 2024, añadió el diario AM Prensa.

“Un ridículo más de la Sala IV. Gracias”, contestó el mandatario ante una consulta de reporteros este miércoles sobre el fallo de esa instancia, también conocida como Sala IV, que dictaminó violaciones de la libertad de prensa y condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.

El primer recurso ante el ente constitucional fue presentado por los comunicadores David Bolaños, David Chavarría y Héctor Guzmán, quienes alegaron que fueron objeto de restricciones y hostigamiento mientras ejercían su labor informativa.

Los hechos denunciados –precisa el fallo de la Sala- describen que en una de esas conferencias el 30 de julio de 2024, el presidente interrumpió bruscamente y mandó a callar al periodista Héctor Guzmán cuando este intentaba formular una pregunta. En otra rueda de prensa, el 11 de septiembre, los reporteros Bolaños y Chavarría fueron rodeados por agentes de la Unidad de Protección Presidencial cuando intentaban hacer preguntas sobre el proyecto de ley de jornadas excepcionales 4×3.

Los comunicadores demandantes argumentaron además que, cuando insistieron en cuestionar a la entonces ministra de la Presidencia, Laura Fernández, les apagaron el micrófono para impedirles hacerlo.

El segundo recurso consigna alegaciones de los periodistas respecto a que el Ministerio de la Presidencia no respondió a solicitudes de información sobre el proyecto de ley mencionado, lo cual fue considerado una violación al derecho de petición y acceso a información pública, aunque no se impusieron sanciones económicas en este caso.

La Sala Constitucional resolvió de forma conjunta los expedientes 24-025545-0007-CO y 24-27116-0007-CO, mediante el voto 2025-016964 de sus magistrados, ambos relacionados con limitaciones al ejercicio periodístico y al acceso a la información pública.

Según AM Prensa, la resolución de esa entidad de la Corte Suprema de Justicia marca un precedente importante sobre el respeto al trabajo periodístico y el acceso a la información en eventos oficiales del Poder Ejecutivo.

La Sala Constitucional costarricense es un tribunal especializado que garantiza la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente, su uniforme interpretación y aplicación, y los derechos y libertades fundamentales consagrados en dichos textos legales.

mem/apb

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