Según divulgó el equipo de la delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, el agravamiento del fenómeno conocido como “flujo migratorio inverso”, se constató tras en visitas realizadas a Necoclí, Turbo, Capurganá y Acandí, en el golfo de Urabá.

Acotó la fuente cómo las personas que desistieron de llegar hasta Norteamérica, oriundos en su mayoría de India, Afganistán, Colombia, Venezuela y Ecuador, se enfrentan a múltiples riesgos como estafas, discriminación, detenciones arbitrarias y hostigamientos por parte de actores armados que controlan el tránsito irregular.

Los migrantes llegan con altos niveles de estrés psicosocial, lesiones por el tránsito en trochas y lanchas, insolación, quemaduras en la piel, desnutrición, deshidratación y enfermedades como dengue, malaria y fiebre amarilla, alertó la Procuraduría.

Debido a la situación, esa entidad solicitó fortalecer la atención integral en salud para niños, niñas y adolescentes; garantizar apoyo psicosocial, alimentación y rutas de atención con enfoque diferencial, claridad en los procesos migratorios de ingreso y salida, así como en los trámites administrativos de deportación y expulsión.

También, ahondó, se analizaron con otras entidades la necesidad de establecer estrategias para proteger a la población retornada contra la trata de personas, tráfico de migrantes, violencia sexual y de género; sobre el establecimiento de compromisos como la entrega de planes de contingencia migratoria; así como la preparación de una reunión binacional con Panamá.

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