“La Corte dice que no hay relación entre quien fabrica y las armas que pasan a México, cosa que nosotros no estamos de acuerdo”, señaló la jefa del Ejecutivo al responder a una pregunta sobre el tema durante su habitual encuentro con periodistas.

Recordó que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un documento en enero pasado en el cual reconoce que el 75 por ciento de esos artefactos incautados en esta nación latinoamericana proviene ilegalmente del territorio norteño.

“Queda otra demanda que es a las distribuidoras y a las que venden las armas. Entonces, vamos a seguir insistiendo con el cuerpo de abogados que está asesorando esta demanda y, al mismo tiempo, seguir trabajando con el gobierno” norteamericano, apuntó.

“Vamos a seguir insistiendo –y hemos sido escuchados, hay receptividad-, de que no solo se trata de que no haya paso de estupefacientes de México hacia Estados Unidos, sino de que no haya paso de armas de Estados Unidos a México”, subrayó.

La Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo ayer que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas da inmunidad a los fabricantes de tener responsabilidad legal y sostuvo que supuestamente no se probó que las empresas “ayudaran y facilitaran” el tráfico ilícito.

Esta demanda fue presentada en 2021 ante un Juez de Distrito de Boston, Massachussets, y en 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito concluyó que México alegó de manera suficiente que “los demandados ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia” el país.

La decisión de este jueves no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, en contra de cinco tiendas distribuidoras.

Ambas demandas han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas a este territorio, refirió ayer la Cancillería, al agregar que México ha logrado posicionar el tema no sólo en la esfera bilateral, sino multilateral, a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021.

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