Estos cambios buscan corregir deficiencias detectadas tras 15 años de aplicación de la legislación vigente, señaló al intervenir en la continuación de la 46 reunión de ese órgano el titular del Legislativo, Tran Thanh Man.

“Es imprescindible simplificar los trámites administrativos e incorporar tecnologías digitales en la auditoría y supervisión energética”, apuntó el líder parlamentario, quien consideró también fundamental fortalecer los mecanismos de incentivos fiscales y facilitar préstamos con intereses bajos, en vez de recurrir únicamente a medidas coercitivas.

Finalmente, es necesario revisar la normativa sobre fondos y beneficios financieros para asegurar su coherencia con la próxima reforma de las leyes de Presupuesto del Estado, de Inversión Pública y de Impuestos, para garantizar su adecuada coordinación, añadió Than Man citado por la radio Voz de Vietnam.

En la jornada de hoy el Comité Permanente del Parlamento vietnamita examinará además los proyectos de leyes del Magisterio, de Empresas, de la Industria Digital, de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Bancaria.

Durante las sesiones de trabajo de la semana anterior ese órgano aprobó en principio por unanimidad una resolución que reorganiza las unidades administrativas a nivel comunal, allanando así el camino para una reestructuración a gran escala que comenzará en julio próximo.

La ministra vietnamita del Interior, Pham Thi Thanh Tra, presentó en la ocasión, en nombre del Gobierno nacional, una propuesta de plan para consolidar 52 unidades administrativas a nivel provincial en 23 nuevas entidades.

Esto resultará en una estructura más eficiente, de solo 34 unidades, que incluye seis ciudades de gestión central y 28 provincias, dijo y añadió que también se reducirá drásticamente el número de unidades administrativas a nivel comunal en el 66,91 por ciento.

Según Tranh Tra, estos planes tendrán en cuenta el tamaño de la población, la superficie geográfica y las funciones y tareas específicas de cada unidad provincial, a fin de garantizar una asignación adecuada de funcionarios y empleados públicos.

El Comité Permanente también aprobó la enmienda al Artículo 10 de la Ordenanza de Población, con lo cual se elimina la norma que limita el número de hijos a uno o dos en una familia, además de ampliar el derecho de decisión a las parejas y personas sobre su planificación familiar.

La propuesta del Gobierno, que deberá ser refrendada por el pleno de la Asamblea Nacional, pretende corregir los desequilibrios en la tasa de natalidad entre regiones y evitar que esta disminuya por debajo del nivel de reemplazo, lo cual podría afectar negativamente el desarrollo sostenible y la seguridad nacional.

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